Por medio de un oficio al Intendente Pablo Grasso, la primera autoridad de la comuna de Punta Arenas oficializó el petitorio que busca revertir medida que comenzaría a regir el próximo 1 de marzo.
Luego de conocerse la noticia que informa el inicio de un cobro a los transportistas que transiten por la ciudad de Río Gallegos a partir del próximo 1 de marzo, de inmediato se activaron las alertas en nuestra ciudad, razón por la cual el alcalde Claudio Radonich solicitó la intervención de las autoridades regionales y nacionales para intentar revertir la iniciativa que afectaría no sólo a quienes trabajan en dicho rubro, sino que podría repercutir en el “bolsillo” de todos los magallánicos y patagónicos.
En la misiva, Radonich plantea que como habitantes de la Patagonia, compartimos diferentes problemas que afectan a nuestras comunidades sin distinciones entre su país y el nuestro, vinculados básicamente a las distancias, y por ende a la conectividad con los principales centros financieros, económicos, académicos y de salud de cada país que tienen un alto impacto en el costo de vida en estas latitudes.
“Es por ello que gravar el transporte de carga, no sólo impide facilitar los desplazamientos de insumos y productos de primera necesidad entre el extremo sur y la zona central de Chile, como se ha luchado desde siempre, si no que aumentarán los valores de los fletes y en consecuencia tendrá un impacto en todos los ámbitos económicos de nuestra región, partiendo por los transportistas que desarrollan estos trayectos y finalmente, en nuestros vecinos y habitantes que verán aumentado los valores de productos, incluyendo alimentos, materiales de construcción entre otros, fundamentales para nuestro vivir y desarrollo”, argumentó la autoridad puntarenense.
A ello el Alcalde agregó que “hoy, tanto en Argentina como en Chile estamos viviendo momentos económicos complejos, tanto por razones internas como externas que derivan en aumentos de cesantía y precarización del poder adquisitivo de nuestros habitantes, por lo que una medida de esta naturaleza, afectará negativamente la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Punta Arenas y del resto de la región de Magallanes y Antártica Chilena”.
Con estos antecedentes, el jefe comunal escribe: “solicito respetuosamente reestudiar el tema y que en consideración a las razones planteadas, se deje sin efecto la medida, de tal manera que no sólo mantengamos las intensas e históricas relaciones comerciales y afectivas entre nuestras comunidades, si no que se fortalezcan con estos gestos que ponen en el centro de las políticas públicas a las personas, su calidad de vida y desarrollo sin otras consideraciones”.