A la fecha una profesional de Sernatur, dos de la Seremi de Desarrollo Social y Familia y tres de la Seremi de Salud, han sido desvinculados de sus respectivas instituciones, pese a estar bien evaluados, en lista uno y con más de dos años ejerciendo en sus cargos.
Tal es el caso de Milene Montenegro, asistente de Marketing de Sernatur con cinco años de servicio, quien al momento de ser notificada de la no renovación de su contrata, el día 29 de noviembre del presente, se encontraba con licencia médica prescrita por una doctora de la Mutual de Seguridad, entidad que actualmente lleva una investigación al interior de Sernatur debido a que la funcionaria, que se ha mantenido en lista 1 tras cada periodo de evaluación, había realizado una denuncia por enfermedad laboral por acoso laboral contra la directora de dicha entidad, Ximena Castro Rojas.
La Asociación de Funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social (ASOFUMI), en tanto, acusa el despido arbitrario, confuso y unilateral de dos de sus asociadas, ambas en lista 1, escalafón de mérito que han mantenido en cada periodo de evaluación y con 11 y 9 años de carrera en dicha repartición regional.
ASOFUMI rechaza enérgicamente la decisión de la máxima autoridad regional de Desarrollo Social, la señora Liz Casanueva, por no encontrarse debidamente fundada y ajustada al Dictamen de Contraloría General de la República (CGR) Nº 25.518 de 2016, donde se indica que el término anticipado de una contrata debe realizarse con acto administrativo fundado, lo cual no ha ocurrido.
Finalmente la Asociación Regional de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria, AFAS Magallanes, acusa el despido arbitrario e irresponsable de tres funcionarios, quienes fueron notificados el día 29 de noviembre.
Se trata de dos médicos contralor de la COMPIN, a sabiendas de la cantidad de trabajo que realizan allí y pretendiendo suplir su labor con médicos en comisión por horas traídos del HCM. Por otro lado, está el caso de Daniela Pérez Cáceres, quien llegó a la SEREMI de Salud en calidad de contrata y honorarios desde el 11 de enero de 2016 y desde esa fecha realizaba diversos cargos de reemplazo, tanto en la Oficina de Punta Arenas como en la Provincial de Puerto Natales.
Los funcionarios además denuncian que la autoridad, seremi Mariela Rojas Ramírez, no ha querido llamar a concurso público para proveer los cargos que ha ido dejando vacante desde 2018 y que rellena esos cupos con profesionales de enfermería sin experiencia en el área, carrera en la que ella fue docente.
Creemos que los seis casos expuestos responden a situaciones claramente arbitrarias e irresponsables, en algunos casos, donde las autoridades aludidas: directora de Sernatur, Ximena Castro Rojas; seremi de Desarrollo Social, Liz Casanueva y seremi de Salud, Mariela Rojas Ramírez, son las únicas responsables, dado que las asociaciones de funcionarios han solicitado información de los despidos en el nivel central y la respuesta ha sido que su desvinculación o cierre del cargo, es decisión exclusiva de las autoridades ya mencionadas.
Esta situación es una clara muestra de que hay autoridades en la región que no han comprendido ni han sabido leer el contexto social e histórico que estamos viviendo como país. Y su accionar, por otro lado, no tiene fundamentos claros en ningún caso, ya que el personal notificado se encuentra en lista 1 y/o cumple una función clave al interior de cada servicio.
Como Mesa del Sector Público, reiteramos nuestro más absoluto rechazo a las decisiones esgrimidas por las autoridades de Sernatur, Salud y Desarrollo Social y solicitamos que todos los casos sean revisados y los funcionarios, reintegrados a la brevedad posible a sus labores.