A propósito del inesperado escenario constitucional en el que ha entrado nuestro país, hemos estado revisando como se gestó la constitución política del estado de 1980. Cuando se cumplían 7 años desde el golpe de estado, los miembros civiles del régimen, instaron al dictador a generar un nuevo marco constitucional. La idea era dotar de estabilidad al régimen, asegurando su continuidad.
Resulta muy ilustrativo consignar como se elaboró y cómo se aprobó la constitución del 80, para contrastarlo con el procedimiento iniciado este año, y que nos dejará con una nueva constitución el 2021.
Según un artículo elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, se consigna, que la Junta Militar, dictó los DL N°1, N° 128 y N° 788, donde se auto atribuyó la potestad constituyente. Cesa en los hechos, la vigencia de la Constitución de 1925.
En la elaboración de la nueva constitución participaron tres instancias. La comisión de estudios de la nueva Constitución política del Estado, creada el 24 de septiembre del 73, conocida como Comisión Ortúzar, porque fue presidida por Enrique Ortúzar, e integrada entre otros por Jaime Guzman, Sergio Diez, Jorge Ovalle, Enrique Evans y Alejandro Silva, Raúl Bertelsen, Juan de Dios Carmona y Rafael Eyzaguirre.
La Comisión Ortúzar sesionó entre el 24 de septiembre de 1973 y el 5 de octubre de 1978, completando 417 sesiones de trabajo. Al término de las cuales, entregaron al dictador Pinochet un anteproyecto constitucional compuesto por 123 disposiciones permanentes y 11 transitorias. Luego de eso, la Comisión se disolvió.
Una segunda instancia la constituye el Consejo de Estado, órgano consultivo del Presidente de la República en asuntos de gobierno y administración civil. En la ficción jurídica creada por los miembros civiles del régimen, el dictador Pinochet se atribuía el cargo de presidente de la república. El Consejo de Estado, estaba integrado por los ex Presidentes de la República Jorge Alessandri Rodríguez (presidente) y Gabriel González Videla. Además, Carlos Cáceres, Juan de Dios Carmona, Juan Antonio Coloma, Juvenal Hernández, Vicente Huerta, Renato García, Diego Barros, Pedro Ibáñez, Oscar Izurieta, Hernán Figueroa, Mercedes Ezquerra, Héctor Humeres, Julio Philippi, William Thayer, Guillermo Medina, Enrique Bahamonde y Enrique Urrutia Manzano, entre otros.
El consejo de estado elaboró un nuevo proyecto constitucional, alternativo al de la Comisión Ortúzar, entre el 14 de noviembre de 1978 y el 1 de julio de 1980, a partir de un total de 57 sesiones de trabajo. El 8 de julio de 1980, el Consejo entregó su proyecto a la Junta de Gobierno. El consejo de estado continuó en funciones hasta marzo de 1990.
La constitución definitiva, fue elaborada en base a los textos antes mencionados, por un grupo de trabajo designado por la junta Militar. El grupo de trabajo estuvo integrado por el Ministro del Interior Sergio Fernández, la Ministra de Justicia Mónica Madariaga, más los auditores de las Fuerzas Armadas. Entre el 8 de julio y el 8 de agosto de 1980, elaboraron el texto final de la Constitución, que fue aprobado por la Junta militar.
El texto constitucional debía aprobarse en un plebiscito. Este se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1980, aprobándose con una mayoría del 65,71% de los votantes.
Sin registros electorales, sin partidos políticos, que habían sido proscritos. Sin libertad de prensa, ni de expresión. La aprobación fue sólo reconocida por los partidarios del régimen. La Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981.
Por aplicación del artículo 14 Transitorio de la nueva constitución, se aseguraba la continuidad del dictador Pinochet, con el cargo de Presidente de la República por 8 años. Al término de estos, de acuerdo a los artículos 17 y 29 Transitorios, los Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros por unanimidad propondrían al país el nombre de una persona que ocuparía el cargo de Presidente de la República por 8 años más, sujeto a ratificación en un plebiscito. Como era de fácil de prever, el dictador Augusto Pinochet fue el designado.
En el plebiscito del 5 de octubre de 1988, el pueblo de Chile se volcó a las urnas, y derrotó abrumadoramente la opción de que el general Augusto Pinochet prolongara su mandato por ocho años más. Para la anécdota, queda el retraso por varias horas de la entrega del cómputo final. El secretario general de gobierno Cardemil, apareció en horas de la madrugada a dar los resultados definitivos. Durante más tres horas los canales de TV, trasmitieron el “Correcaminos”.
La historia cuenta, que a noche del 5 de octubre el dictador pretendía desconocer el resultado, y disponer el despliegue de tropas en todo el país. No todos los miembros de la junta lo respaldaron. El más notorio fue el general Mathei, comandante de la FACH, que fue el primero en reconocer el triunfo de la opción NO. Si bien hubo patrullajes militares en tanquetas y con rostros pintados de negro, en varias ciudades. La noche del triunfo fue de una tensa espera, y una alegría contenida.
El escenario de triunfo de la oposición sobre la opción de continuidad del régimen, abrió una posibilidad de reformar la constitución para la realización de elecciones libres. El régimen pactó con la oposición un paquete de 54 reformas, y fue convocado un plebiscito, que se efectuó el día 30 de julio de 1989 del mismo año, a pocos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para el día 14 de diciembre de ese año. Donde el candidato del régimen sería Hernan Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet, el cual fue derrotado por el candidato de la Concertación de partidos por la Democracia, Patricio Aylwin.
Desde 1990 al año 2017, subsistieron las principales trabas y cortapisas, establecidas por los redactores de la constitución del 80, para impedir que las mayorías democráticas pudieran expresarse. La última gran reforma fue el cambio del sistema binominal, que mantenía artificialmente empatadas a las fuerzas políticas.
El estallido social, o la revolución de octubre de 2019, pone a Chile frente a una posibilidad única en toda nuestra historia. Poder decidir dentro del sistema democrático y dentro de nuestra institucionalidad, una nueva constitución para Chile. Por primera vez, mediante la participación de todos, podremos optar por la convocatoria a una asamblea o convención constituyente. Las diferencias con el escenario descrito, en la génesis de la constitución del 80’, no pueden ser más radicales. Es imprescindible que todos quienes hoy se expresan en el espacio público, puedan atesorar el grandioso momento en el que nos encontramos.
Poder concretar una nueva constitución, requiere ahora de un trabajo educativo, instructivo, el cual se puede hacer en las aulas, en los lugares de trabajo, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en las iglesias.
Una sociedad avanzada, un estado social y democrático de derecho, no se construye desde una calle incendiada. No hay épica alguna en la destrucción del mobiliario de un liceo, en atentados contra sedes políticas, o en la profanación de tumbas o capillas. La lucha social se debe a sus destinatarios, el pueblo mismo. Y nada ofende más al pueblo trabajador, que se destruya el fruto de su sacrificio.
Es hora de construir, de acercarse, de confiar. Se lo debemos a los fallecidos, a los cientos de heridos, a los miles de detenidos, se lo debemos a Chile.
Soy Ernesto Sepúlveda, en Crónicas de la Patagonia.
Lunes 25 de noviembre de 2019.-