“Validamos todo derecho a manifestarse pacíficamente, pero no vamos a ceder ante la delincuencia”, enfatizó esta mañana el Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Fernández Dübrock, quien acompañado por el jefe de la Duodécima Zona de Carabineros, General Roberto Machuca Rojas, concurrió hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para interponer tres querellas criminales contra los cinco imputados que están siendo investigados por el Ministerio Público, luego que la tarde del lunes 4 del presente mes fueran sorprendidos rayando con aerosol el frontis del edificio patrimonial del Gobierno Regional.
Asimismo, están consideradas las consignas estampadas en el edificio de la Casa de los Intendentes como también los daños ocasionados por los distintos desmanes registrados en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. Cabe señalar que en cada una de las acciones penales presentadas se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado.
“Las querellas están individualizadas contra las personas y los daños en ambos edificios tenemos un avalúo estimativo que asciende aproximadamente a los 50 millones de pesos, que correspondería a volver a pintar los dos frontis, ya que son edificios patrimoniales, pertenecen al casco histórico de la ciudad y se pretende que las penas a las que serán sometidas las personas que están siendo inculpadas por esto van a ser mayores”, enfatizó.
El jefe regional indicó que se está trabajando en la individualización otras personas que participaron en similares actos delictuales perpetrados en los últimos días en Punta Arenas para presentar nuevas querellas contra quienes resulten responsables.
“Como Gobierno estamos dando una señal de que tenemos que respetar a la institucionalidad y dejar en claro que no cualquier persona puede impunemente causar destrozos en la Plaza de Armas y rayar los edificios patrimonial y la propiedad privada sin tener una consecuencia”, recalcó.
Asimismo, el General Machuca junto al equipo jurídico de Carabineros interpusieron otras cinco querellas por los delitos de maltrato de obra con resultado de lesiones y amenazas de muerte a funcionarios policiales y a sus familias.