El SERNAC presentó una demanda colectiva en contra de Correos de Chile tras agotar todas las instancias extrajudiciales para lograr que la empresa entregara una respuesta adecuada.
El objetivo de esta acción judicial es que la empresa compense adecuadamente a todos los consumidores que fueron afectados por las múltiples filtraciones de datos personales y bancarios de sus clientes que han ocurrido entre los años 2018 y 2019.
La responsabilidad fue asumida implícitamente por Correos de Chile, pues, en septiembre de 2018, la empresa comunicó públicamente que existía una alta probabilidad de que las filtraciones de datos ocurridos los días 25 de julio; 21 y 27 de agosto; y el 6 de septiembre de 2018 hayan tenido su origen en el servicio Casilla Virtual Miami de Correos de Chile, el cual es entregado por un proveedor internacional.
Adicionalmente, en mayo pasado, luego de conocerse el último episodio de filtración, la empresa suspendió temporalmente el servicio provisto por su casilla internacional TransExpress, desde donde los datos habrían sido extraídos durante el posible periodo de compromiso comprendido entre el 12 de septiembre de 2018 y el 5 de marzo del 2019, sin perjuicio que, en junio de este mismo año, tomó la decisión de no renovar su contrato con TransExpress.
A través de esta demanda colectiva, el SERNAC solicitará a la justicia que Correos de Chile compense por los distintos episodios, incluyendo al menos a tres grupos: aquellos cuyos datos personales fueron difundidos públicamente en contra de su voluntad; quienes sufrieron el bloqueo de sus tarjetas activas; y aquellos que adicionalmente sufrieron defraudaciones producto de la filtración y debieron activarse los respectivos procesos de restitución.
Asimismo, a través de esta acción legal, el SERNAC solicita a la justicia que exija a la empresa que acredite que tomó todas las medidas para resguardar a los clientes actuales y evitar que este tipo de filtraciones se repitan a futuro.
El SERNAC solicitará que la empresa reciba las más altas multas que establece la Ley del Consumidor por haber infringido el deber de profesionalismo y haber vulnerado la seguridad de los consumidores.