Diversas fueron las actividades de capacitación y difusión que esta semana se realizaron en Punta Arenas ad portas de la puesta en marcha de la Ley que regula las “entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales”, dando por terminado así el ciclo de jornadas realizadas interinstitucionalmente entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la Seremia de Justicia y Derechos Humanos, en las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Maule, Aysén y Magallanes en las cuales entrará esta ley en vigencia el próximo 3 de octubre, incorporándose el resto de las regiones en forma gradual a esta iniciativa.
Entre las actividades realizadas que destacaron se encuentran las “Jornadas de Sensibilización”, organizada por la Seremia de Justicia y Derechos Humanos, la charla capacitación dictada por Maurizio Sovino, abogado asesor de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional organizada por el Poder Judicial y la Fiscalía de Magallanes; reuniones internas de los diferentes servicios, así como encuentros con los entrevistadores; coordinación y difusión con la Defensoría Penal Pública y con las Autoridades Regionales de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal y una Jornada de Simulación y demostración de juicio, organizada por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas.
Asimismo, una solemne y emotiva ceremonia, impulsada por la Fiscalía, que tuvo por fin reconocer a los 15 entrevistadores de Magallanes, 6 representantes de la Fiscalía, 5 de Carabineros de Chile y 4 de la Policía de Investigaciones, con representación en Porvenir, Puerto Natales, Puerto Williams y Punta Arenas.
Cabe indicar que la entrevista investigativa videograbada es una diligencia de investigación que se debe decretar por el o la Fiscal y debe realizarse por entrevistadores debidamente formados y acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estableciéndose reglas que permitan iniciar un proceso investigativo en el menor tiempo posible, quedando este importante material en un registro digital, con acceso reservado a los intervinientes, policías, peritos y jueces/zas de Familia, siendo su exhibición controlada, con adopción de medidas para evitar su copia y posterior difusión, no reemplazando, sin embargo, la comparecencia de las víctimas o testigos en un juicio oral donde participará un intermediador.