El lunes 6 de enero recién pasado, se efectuó la solemne ceremonia, donde gobernadores
regionales y los consejeros y consejeras regionales, de todo el país, asumieron en sus cargos para
el período 2025 a 2029. En este nuevo rito republicano que se incorpora al catálogo de
solemnidades civiles, se tomó juramento o promesa a las nuevas autoridades, de cumplir fielmente
con su cargo y con las normas legales y constitucionales vigentes. Como es lógico, la totalidad de las nuevas autoridades cumplió con la fórmula esperada, y estuvo por la afirmativa. No se supo de
ninguna persona en las 16 regiones, que se negara a jurar o prometer el cumplimiento de tan
esencial compromiso. Sí ocurrió que algunas de las nuevas autoridades, quisieron poner un sello
personal, agregando frases, a las tradicionales, juro por Dios, otras tales como: Juro por el pueblo,
por los habitantes de la región, por mi familia. Se vio a más de uno (a) prometer cumplir con su
cargo, con una mano puesta sobre la Biblia. Algo inusual, ya que normalmente esa fórmula es
adoptada por personas agnósticas. En Magallanes se dieron curiosidades como la del muy conocido ex alcalde de Punta Arenas y ex diputado de la DC, Juan Morano. Requerido por el secretario ejecutivo del Consejo Regional, que jure o prometa cumplir con las normas y su cargo, sólo respondió SÍ. Ante la perplejidad del ministro de fe, sus demás colegas y público presente. También hizo lo suyo, el consejero del partido republicano, Robert Weisson, quien, a su juramento, agregó que va a fiscalizar el buen uso de la plata, que el estado les quita a los ciudadanos.
En el lobby del Teatro municipal de Punta Arenas, se comentó los detalles de la ceremonia,
las anécdotas, y en un clima de respeto transversal, se felicitó a unos y a otros, y a sus familias, por
el desafío asumido, y se deseó éxito a quienes asumieron tan importantes funciones de estado. En
una escena que tal vez en otras latitudes no sea común, republicanos, comunistas, DC, y socialistas, saludando y felicitando a unos y a otros, sin conflictos de ninguna índole. Puede ser una ilusión del momento, pero esperamos sea el espíritu con que se dirijan los rumbos de nuestras regiones.
Este segundo evento de asunción de nuevas autoridades regionales electas por el voto
popular, marca la consolidación del proceso de descentralización, que pese a titubeos o
derechamente torpedeo, de los acólitos del centralismo, continúa su marcha sin pausa. Vamos lento porque vamos lejos, se escuchó por ahí. Y no es momento de claudicar, sino de reafirmar nuestro juramento por el credo descentralizador. Un nuevo ciclo político se ha iniciado en Chile. Los resultados definitivos de las elecciones regionales, dan una pauta de lo que podría ocurrir a fines de año, ante las elecciones presidencial y parlamentarias. El hecho es que este 6 de enero han asumido en diez regiones, gobernadores regionales vinculados al progresismo. El territorio gobernado por estas autoridades alberga a más de quince millones de personas. Y, corresponde a las regiones de:
Tarapacá, con José Miguel Carvajal (IND-PPD).
Antofagasta, con Ricardo Díaz (IND-PPD)
Atacama, con Miguel Vargas (IND-PS)
Valparaíso, con Rodrigo Mundaca (IND-FA)
Metropolitana, con Claudio Orrego (IND)
O’Higgins, con Pablo Silva (PS)
Ñuble, con Oscar Crisóstomo (PS)
La Araucanía, con René Saffirio (IND)
Los Ríos, con Luis Cuvertino (PS)
Magallanes y de la Antártica chilena, con Jorge Flies Añón (IND-PR)
En tanto, las autoridades que asumieron sus cargos del sector conservador, gobernarán seis
regiones del país, cuyo territorio alberga cinco millones de personas. Estas son las regiones de:
Arica y Parinacota, con Diego Paco (RN)
Coquimbo, con Cristóbal Juliá (IND-Evópoli)
Maule, con Pedro Alvarez-Salamanca (UDI)
Biobío, con Sergio Giacaman (IND-UDI)
Los Lagos, con Alejandro Santana (RN)
Aysén, con Marcelo Santana (UDI)
Todos los mencionados precedentemente junto al Honorable consejo regional de cada región,
constituyen el motor del desarrollo del país, porque Chile será desarrollado desde sus regiones,
desde su territorio, o no lo será nunca. La ley orgánica constitucional de gobiernos regionales, es el punto de partida de la efectiva descentralización. Un proceso que debe sostenerse en el tiempo, con medidas legislativas coherentes con este objetivo. En vísperas del inicio de la contienda presidencial, es hora de sacar al pizarrón a las candidaturas del progresismo y del sector conservador. Pero antes que eso, es tiempo del cumplimiento de los compromisos de campaña, del presidente que concluye su período. En concreto, el compromiso del candidato presidencial Gabriel Boric, de poner término a la institución de los delegados presidenciales. “Al término de mi mandato, quiero dejar el cargo con menos poder del que recibí”, fue una frase así, la que pronunció el actual presidente de la república.
Y él mejor que ningún otro presidente anterior, sabe la importancia de la descentralización para las regiones, y, sobre todo, para los territorios apartados, y las zonas extremas.
Estamos en el contexto adecuado para tener esta discusión. Cuando por una parte se
redoblan las voces por iniciar por fin la reforma del estado, pendiente desde 1990. Y por otra, todos clamamos por que se eche andar de una vez por todas el nuevo ciclo de crecimiento económico del país. Son temáticas complementarias y que apuntan al mismo objetivo. Racionalizar el aparato del estado, para hacerlo más flexible y liviano, pasa por fortalecer a las regiones. Es en la capital del país donde se concentra la masa laboral y los recursos públicos. Persiste una noción decimonónica de administración, y vastas cohortes de técnicos y profesionales, que podrían realizar su tarea directamente en regiones, medran en los edificios del barrio cívico. Múltiples tareas de planificación y de control se duplican o triplican en distintos niveles, y las decisiones se adoptan por los recién designados ejecutivos del gobierno de turno. Las decisiones de inversión se retrasan en un sinfín de trámites paralelos, y discusiones sin fin, en circunstancias de que son las regiones con sus autoridades electas, quienes debieran decidir el destino de la inversión pública. No sólo de los recursos provenientes del FNDR, sino también la denominada inversión sectorial, que se decide desde finas oficinas en la capital del país. El proceso de racionalización del aparato del estado, es complejo y tomará más de un gobierno, pero hay que iniciarlo ya que son temas de interés del estado, no de un sector determinado.
La eliminación de los delegados presidenciales, y entregar la supervisión y control de los
servicios públicos a los gobernadores regionales, será el paso definitivo hacia un Chile
descentralizado. De paso permitirá eliminar duplicidad de funciones, realizar procesos eficientes de planificación de inversiones, se reducirán tiempos de tramitación. Se facilitará la fiscalización de los actos de la administración, y el seguimiento del gasto público. Y en general, la eliminación de
burocracia innecesaria, permitirá perfeccionar y prestigiar la función pública. De paso, se avanza en
la necesaria profesionalización del aparato público, y la creación de una verdadera carrera
funcionaria, en base al mérito.
Lo ocurrido el 6 de enero en todo el territorio nacional, es una muestra fehaciente, que las
encuestas son parciales, cuando no miopes. Parece que más que las encuestas de opinión, son los
resultados electorales, los que van dando la pauta de lo que puede ser la gran confrontación de fines de año. No está tan claro que la carrera presidencial ya esté decidida, aunque sea doña Evelyn la única que está corriendo. Pero como olvidar, aquel “Corrió solo y llegó segundo”. Más aún cuando en la proclamación de la candidata conservadora, hubo alusiones explícitas a ese corredor solitario, Fue, por cierto, don Carlos Larraín, quien nunca se guarda nada, y aseguró que estaba agradecido del “gobierno militar”. No puedo estar más en desacuerdo, pero prefiero que digan las cosas por su nombre, estamos hartos de la hipocresía y las posturas acomodaticias de ciertas figuras políticas.
Antes, el mismo don Carlos, había advertido a los suyos que no se confiaran, porque “los del otro
lado” son vivos y cualquier día presentan de candidata a la “madre superiora”. No soy fan, ni menos cercano a sus ideas, pero esa referencia me causó mucha gracia. Es la mera constatación que, en el progresismo, no existen alternativas presidenciales serias y competitivas. Desde el socialismo democrático, si bien han escarbado y escarbado en busca de figuras presidenciales. La que era su carta más obvia, por trayectoria y capacidad, la ministra Carolina Tohá, ha terminado disolviéndose en medio del trajín de la cartera, y los efectos tóxicos del caso Monsalve. El ministro Elizalde, quien alguno propuso como candidato, declinó muy sensatamente dicha opción. Se menciona a la actual presidenta del PS, que es a la vez candidata a la re-elección en su tienda. Más su casi nula presencia en las encuestas, tornaría muy riesgosa una aventura presidencial. Lo que nos lleva de vuelta al origen, ¿por qué buscar alternativas, si se dispone de una mejor opción? No tiene mucho sentido ir directo a una derrota por pateadura, si se tiene la alternativa para vencer. Parece que los barones y baronesas del socialismo democrático están atrapados en un sueño, y no despiertan a la realidad. Una cosa es la amistad, la fraternidad, la adhesión más o menos entusiasta, al interior del partido, y otra cosa, ir por las calles y poblaciones, buscando el apoyo, precedido sólo por lo que has hecho por el país. En eso, no hay dos opiniones, sólo la presidenta Bachelet encarna ese anhelo de bienestar, esa esperanza de que las cosas pueden mejorar. Porque ya se ha construido una base de entendimiento, de dialogo social, de experiencia de gobierno. Que, dicho sea de paso, es lo que más se requiere en este momento. Cientos de miles de personas que recibieron la pensión básica solidaria, la recuerdan. Claro, luego le cambiaron el nombre, le pusieron PGU, pero todos saben de dónde viene. Cuantas decenas de miles de estudiantes y sus familias, la aplauden y abrazan allí donde va, por la gratuidad universitaria a 60% más vulnerable. No existe hoy en el progresismo figura política más importante, más querida, y con mayor adhesión popular. Por más que escarben buscando nombres, ninguna figura política iguala, a la mítica presidenta Bachelet.
La ley orgánica constitucional de gobiernos regionales, y el paso a la nueva estructura de
gobernadores electos, fue apoyada e impulsada con fuerza por la presidenta Michelle Bachelet. Para concretar la nueva etapa con la ley de regiones más fuertes, Chile necesita sus conocimientos, su capacidad de gestión y su experiencia.
Ernesto Sepúlveda Tornero