En el contexto del diseño del proyecto de ley que busca legalizar el aborto en Chile y el
Día de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, se iniciaron diálogos sobre
derechos sexuales y reproductivos en todas las regiones de Chile, incluida la Región de
Magallanes, instancia que convocó una amplia diversidad de mujeres y organizaciones de
la sociedad civil del territorio.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando, destacó la
diversidad de personas y organizaciones convocadas, así como de experiencias en la
temática: “Estamos convencidas de que la diversidad es fundamental para construir un
diálogo participativo que impulse un proyecto de ley que le haga sentido a las mujeres y
personas gestantes de Chile. Queremos afianzar sus derechos sexuales y reproductivos,
y en ese camino seguiremos trabajando para avanzar y no retroceder en nuestros
derechos», afirmó la autoridad.
Así también lo señaló la académica e investigadora de la Universidad de Magallanes
Andrea Lira, convocada al encuentro: “Considerar las voces de las personas que han
vivido, que tienen experiencia con nuestros derechos reproductivos y sexuales es
fundamental cuando pensamos en las leyes que queremos y que necesitamos. El espacio
fue muy rico en la diversidad de las mujeres que estuvimos presentes, las diferencias de
edad, de tipos de trabajo, de lugares donde nos movemos y habitamos, los conocimientos
que tenemos”.
Por su parte, la escritora Rina Díaz, otra de las participantes del diálogo, subrayó: “las
mujeres más carenciadas de nuestra sociedad son gravemente vulneradas al no contar
con los medios económicos que les permitan acceder dentro de condiciones seguras a la
interrupción de embarazos no deseados. Ellas continúan poniendo en riesgo sus vidas, y
eso visibiliza aún más las desigualdades existentes en nuestro país (…) hay que poner el
énfasis en la capacidad y en el derecho que tenemos las mujeres de elegir sobre nuestros
propios cuerpos y nuestras propias vidas”.
Si bien los detalles del proyecto de legalización del aborto se informarán en su
presentación, a fines de este año, el Ministerio de la Mujer ha explicado que la iniciativa
tiene como foco la legalización y que, como en todos los países donde el aborto se ha
legalizado, esta propuesta definirá un límite de semanas. Es importante recordar que,
entre 1931 y 1989 –por casi 60 años— en nuestro país las mujeres podían acceder al
aborto, pues el Código Sanitario lo permitía por razones terapéuticas, lo que admitía una
interpretación amplia. En agosto de 1989, la junta militar decidió prohibirlo sin mediar un
debate democrático.
Según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio- julio de 2024, cerca
de un 83% de las personas está a favor de la legalidad del aborto ya sea en casos
especiales o en toda circunstancia y solo un 16% está en contra del aborto en cualquier
circunstancia. Un 45% estaría a favor en casos especiales y un 38% en cualquier
circunstancia, opción que tuvo un alza significativa desde la medición anterior (+8 pp).
Cabe señalar que, en el primer diálogo participativo realizado en la Región Metropolitana,
la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que “la
discusión sobre el aborto será participativa, para llegar a una propuesta que logre el
máximo acuerdo posible. Creemos que lograr acuerdos es posible, pues las conquistas de
las mujeres se han dado en distintos momentos y circunstancias históricas”.
Avances del gobierno en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Junto a organizaciones de mujeres de la sociedad civil, los ministerios de Salud y de la
Mujer han concretado importantes iniciativas en materia de derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, como la reducción del precio de anticonceptivos de uso
frecuente, gracias a CENABAST o la implementación de una nueva medida, instruida por
el Instituto de Salud Pública, para el retiro de anticonceptivos defectuosos en cinco días y
la emisión del correspondiente mensaje de advertencia a las consumidoras, acciones que
hasta ahora no ocurrían, afectando a cientos de mujeres.
Asimismo, a fines de 2022, en un trabajo liderado por el MINSAL, se ingresó la atención
de agresiones sexuales agudas al GES, lo que ha permitido atender a más de 2 mil
personas, más de 800 de ellas menores de edad.
Durante 2023, a través del ISP y con financiamiento del Fondo para la Igualdad del
MinMujer, comenzó un estudio para garantizar la calidad y seguridad de los tratamientos
hormonales mensuales entregados a mujeres en edad fértil, menopausia o climaterio o
que requieran algún tratamiento hormonal, fabricados localmente o importados al país. La
iniciativa, denominada “Control de Productos Farmacéuticos para Hormonoterapia Orales
inyectables, Implantes y Dispositivos Intrauterinos”, cubre los productos para
hormonoterapia entregados a todas las mujeres que se atienden en el sistema público y
privado de salud, beneficiando a cerca de 5 millones de personas.
Al mismo tiempo, los ministerios de la Mujer y de Salud han seguido mejorando la
implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en tres causales,
realizando, entre los años 2023 y 2024, 99 fiscalizaciones a centros médicos, velando por
la correcta implementación de la ley en todo el país.
Conjuntamente, el 31 de mayo de este año, el Gobierno ingresó a la Contraloría General
de la República modificaciones al reglamento para mejorar el acceso a este derecho
establecido en la ley, asegurando más y mejor información para las mujeres y niñas que
se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación
acordes a instrucciones que emitirá el Ministerio de Salud y que será común para todos
los establecimientos, y otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención, y
que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional para las mujeres y niñas, evitando
que estas tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer
distintas regiones para ejercer su derecho.