En la última sesión del Consejo Regional de Magallanes, realizada el 1 de julio, se aprobó un presupuesto de $797 millones para la adquisición de un inmueble donde funcionará una residencia familiar para adolescentes víctimas de graves vulneraciones de derechos.
Esta residencia se convertirá en el segundo dispositivo en ser adquirido por el Gobierno Regional y que será administrado de manera directa por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para ofrecer un espacio seguro para que niños, niñas y adolescentes, entre 14 y 17 años, puedan realizar su proceso de intervención con el apoyo de personal especializado.
El Presidente del Consejo Regional, Gobernador Jorge Flies, destacó que “hoy contamos con el respaldo para una vivienda que tendrá en mejores condiciones a los grupos de niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. Además, nos permitirá liberar espacios en el Centro de Salud Mental Miraflores que se encuentra colapsado. Esta es una casa de 600 metros cuadrados donde estarán doce niños. El proyecto contará con un marco presupuestario para su funcionamiento y se suma a la casa que ya se encuentra en el sector norte para niños más pequeños que están en vulnerabilidad”.
El actual modelo de intervención busca emplazar a las residencias en barrios donde habitan familias para lograr una mejor integración social, contemplando un grupo reducido de usuarios, quienes se encuentran al resguardo de cuidadores que entregan atención personalizada, creando vínculos afectivos y de confianza.
El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que “estamos llevando a cabo hechos concretos para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes con necesidad de internación residencial, quienes deben ser separados temporalmente de su familia de origen, ya sea por una orden judicial, o porque no cuentan con un adulto que pueda asumir el cuidado. El Gobierno Regional hará el aporte para adquirir la propiedad, mientras que el Servicio Nacional de Protección Especializada destinará $432 millones para la habilitación y el equipamiento de la residencia, además de asumir un costo anual para su mantención”.
Finalmente, el Director Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Erick Amigo, explicó que “la infraestructura se configura como un aporte y un medio para alcanzar los objetivos de la intervención. Por ello, buscamos que el espacio responda a un modelo residencial seguro, y que permita garantizar la articulación territorial con instancias de protección social y comunitarias, favoreciendo la preparación para la vida independiente”.
La nueva residencia será administrada de manera directa por el servicio, situación que garantiza la transferencia técnica especializada para todo el equipo interventor a cargo, asegurando con ello, los recursos necesarios para el funcionamiento del modelo de intervención.