Sobre la denuncia de amenazas a una activista medioambiental de nuestra región, como Convergencia Social Magallanes, declaramos:
-Una defensora regional del medioambiente ha sufrido un constante amedrentamiento por medio de publicaciones en diversas redes sociales, a través de cuentas y perfiles falsos. La continuidad de estos hechos nos lleva a pensar de que se trataría de una táctica definida por parte de estos agresores.
-En Chile, la regulación ambiental carece de instrumentos para el resguardo y protección de defensoras y defensores del medio ambiente. Sabemos que entre ayer y hoy se realizan las denuncias formales respectivas a las instituciones competentes. Sin embargo, no queremos que estas amenazas se concreten para que PDI o Carabineros por fin actúen. Es necesario recordar que en nuestro continente es común la violencia y el asesinato de líderes y defensores ambientales, con un triste énfasis en mujeres que mueren o son agredidas por exigir sus derechos, como fue en los casos de Berta Cáceres (Honduras) y Macarena Valdés (Chile). Por tales motivos creemos que estas amenazas son hechos graves.
– Exigimos al Estado de Chile que no continúe actuando como si estos conflictos fueran disputas privadas en la cual las instituciones públicas no pueden intervenir. Consideramos que las posiciones de las distintas agrupaciones defensoras del medioambiente, empresas privadas y otros actores son de interés público, en cuanto involucran el futuro de comunidades, territorios y bienes de toda la ciudadanía. Es necesario por lo tanto, asegurar con todas las garantías posibles la participación en las decisiones, la democracia y la justicia socioambiental. El ya famoso Acuerdo de Escazú entre sus iniciativas promovía la generación a nivel internacional de un entorno seguro para defensoras y defensores socioambientales. Considerando que el Presidente Sebastián Piñera decidió no firmar el acuerdo, exigimos que el Gobierno se adscriba a este y avance en la generación de leyes nacionales para el resguardo de las personas y organizaciones que ejercen sus derechos. No avanzar en esa dirección es un error del Gobierno que podría tener consecuencias graves.
-Las referencias de la última amenaza recibida de “dinamitar” y “tronar” a una persona nos invitan a pensar que en nuestra región existen conflictos que están en escalada. Invitamos a todos los actores involucrados en ellos a evitar cualquier hecho de violencia y condenar enérgicamente cualquier iniciativa, por pequeña que sea, que promueva el miedo o ponga en peligro la integridad de la comunidad magallánica. Rechazamos de manera enérgica amenazas que atenten contra la libertad de personas que con justicia y democracia llevan a cabo luchas sociales en defensa del medio ambiente. Solidarizamos con quienes cuya vida es vulnerada y amenazada por intereses privados a lo largo de todo el territorio nacional.
CONVERGENCIA SOCIAL MAGALLANES