Dice una definición que «..el empleado público, servidor público o funcionario público, para el derecho administrativo, es aquel trabajador por cuenta ajena cuyo empleador es el Estado, incluyendo la Administración pública y los agentes regulados por derecho público».
Si consideramos que INTEGRA y los VTF, entre otros, son organismos que se financian con recursos del Estado, debería estar claro que quienes trabajan en dichas reparticiones tienen que tener la calidad de empleado público, servidor público o funcionario público y disfrutar por ello de aquellas garantías de las que gozan todos los trabajadores públicos en el país.
Sin embargo, sufren de una doble discriminación. No solo no se les reconoce como trabajadores públicos, sus contratos de trabajo se rigen por las normas del Código del Trabajo, sin embargo no cuentan con el derecho a negociación colectiva que sí les está garantizado a todos los trabajadores privados.
2.- Pero no son los únicos. También hay muchos trabajadores de la salud que son maltratados por los usuarios. Pero no por quienes son pobres, humildes y no la pasan bien, sino por el lumpen que no perdona ni respeta a nadie.
Lumpen que asalta a los ancianos y roba las cosas de los niños en los jardines infantiles.
Bueno, el caso es que también muchos trabajadores de la salud tampoco son funcionarios públicos y debieran serlo. Como los de INTEGRA y VTF tienen todo el derecho a serlo, solo bastaría que el Estado se desprendiera de tanto lastre resultado del pago de favores políticos y favoreciera a estos miles de esforzados compatriotas que prestan servicios al Estado y no son reconocidos como tales.