Se ha producido hace algunos días la formalización del alcalde Daniel Jadue, a quién se acusa de «administración desleal, cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal», en el llamado caso de las farmacias populares. Uno más, en la larga lista de autoridades comunales que, en distintas comunas del país, tienen líos con la Contraloría o la justicia por mal uso de dineros en los municipios y que han sido acusados luego de investigaciones que no siempre tienen la cobertura mediática que tuvo este caso.
Por algunos días las partes hicieron saber sus posiciones y finalmente una jueza ha decretado que se dan 120 días para culminar la investigación del caso y en el intertanto el acusado junto a uno de sus colaboradores deberá estar en prisión preventiva.
Son las reglas del juego del sistema y dentro de esas reglas corresponderá a los acusados recurrir de apelación a la Corte si así lo consideran necesario, probar que la jueza se excedió o esta fuera de lugar en su argumentación y de esa manera puedan esperar en libertad el fallo.
2.- Cuesta siquiera imaginar que – por formación y moral – Daniel Jadue pueda haber cometido los delitos de los que se le acusa, pero ciertamente bajo el sistema imperante deberá probar con claridad y certeza que no está involucrado y que las afirmaciones de todo tipo que han sido expuestas y de las que ha tomado conocimiento la ciudadanía, son antojadizas y buscan generar perjuicio hacia su persona y las personas que están acusadas junto a él, además del partido político al que él representa.
Si, por el contrario, alguno de quienes están acusados cometieron efectivamente los delitos que se les imputan deberán pagar como corresponde, pues ante la corrupción u otro delito similar hay que ser inflexibles.