Al ser la Defensoría Penal Pública la principal instancia a través de la cual los usuarios de Gendarmería, vale decir las personas privadas de libertad, acceden al derecho de defenderse legalmente, son diversas las instancias y situaciones en que ambas instituciones deben interactuar.
Es por esto, y bajo el amparo de un convenio nacional entre dichos entes, que se realizó la primera de a lo menos tres mesas de trabajo a través de las cuales se reforzará la promoción y respeto de derechos humanos mediante la realización de seminarios, talleres y cursos, el establecimiento de protocolos para asegurar derecho a defensa y la elaboración de procedimientos para abordar el trabajo conjunto.
Sobre esto, la defensora regional comentó que le parece una instancia positiva, ya que “todo lo que hagamos será provechoso puesto que irá en beneficio de nuestros usuarios”.
Por su parte, el director regional de Gendarmería explicó que “lo que se busca es establecer una comunicación fluida y que transparente nuestra función penitenciaria”.
Se estima que en Magallanes el 95% de las personas privadas de libertad recluidos en alguno de los cuatro centros de detención de Gendarmería, son usuarios también de la Defensoría Penal Pública.
