Amigos y amigas, esta semana por fin se vieron avances en la reforma de pensiones. Después de
catorce meses de tramitación en la Cámara de diputados y diputadas, fue aprobada la idea de legislar del
proyecto, y este avanza al Senado. En medio de álgidas discusiones, marcadas por la dinámica electoral
en la que estamos inmersos, el gobierno logró reunir 84 votos a favor de la idea de legislar. La oposición
conservadora votó en bloque en contra, en una estrategia de tierra arrasada, ya estrenada en la votación
de la reforma tributaria del gobierno, cuando logró sumar mayoría para el rechazo de la idea de legislar,
privando al gobierno de los recursos para su agenda social. En esta ocasión, las gestiones encabezadas
por la ministra del Trabajo Jeanette Jara, y el despliegue del ministro de Hacienda Mario Marcel,
consiguieron sumar adhesiones de la DC y del partido demócratas. Finalmente 64 parlamentarios
estuvieron por rechazar y 9 se abstuvieron, permitiendo al gobierno celebrar un tercer triunfo
consecutivo, ya que se suma al rechazo en el plebiscito de la propuesta constitucional conservadora y al
rechazo a la injustificada acusación constitucional, en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Según el ministerio de hacienda (1) entre los aspectos más relevantes que fueron aprobados en la
Cámara de diputados y diputadas, está: la creación del Seguro Social, el complemento por Cuidado a
Terceros y la compensación por diferentes expectativas de vida en favor de las mujeres. Asimismo,
modificaciones a la Pensión garantizada universal (PGU), la que se aprobó su aumento a $250.000, en
un plazo más acotado, pero considerando parámetros de crecimiento y recaudación tributaria, que
permita asumir pagos permanentes con ingresos permanentes. Dentro de los aspectos más discutidos y
resistidos por el sector conservador, se logró aprobar modificaciones al DL 3.500 de 1980, para
modificar la estructura de la industria, creando los Administradores Previsionales y los Inversores
Privados de Pensiones. De esta estructura, fue rechazado y deberá reponerse en el senado, la creación
del Inversor de Pensiones del Estado. Asimismo, deberá reponerse en el senado la creación de la
cotización del 6% adicional de cotización de cargo del empleador. Esta disposición ya había estado en
discusión durante el gobierno conservador, incluso en su distribución de 3% a capitalización individual
y 3% a un pilar solidario. Finalmente, estos aspectos fueron rechazados, incluso por sectores políticos
que, en la víspera de la votación, habían suscrito sendos compromisos con el gobierno. El rechazo de
esta norma dejaría sin financiamiento el Seguro Social y sus beneficios. Lo que deberá corregirse en el
Senado, asimismo, se debe reponer la creación: del Fondo Integrado de Pensiones, el Gestor de fondos y
el Inversor de Pensiones del Estado.
La defensa irrestricta de la industria de las AFP, por parte del sector conservador, nos recuerda
que el sistema privado de pensiones, así como el de la salud privada, son los últimos estertores de un
sistema que sólo pudo tener su origen en una dictadura. Las formas novedosas que crearon los Chicago
boy, para lucrar en base al esfuerzo de los trabajadores de Chile, con las AFP y las Isapre, sólo pudieron
nacer bajo una tiranía. En 1980, cuando se crearon estos negocios, no había libertad de opinión ni de
expresión, sin organizaciones de trabajadores, sin partidos políticos, sin parlamento, así pudo
consumarse el expolio de los trabajadores de Chile. Lo que hace el sector conservador hoy, no es otra
cosa que defender la última barrera ideológica del neoliberalismo chileno. Carente de propuestas
concretas, ni ideas propias para mejorar la vida de los pensionados de Chile, optan por defender el
negocio de la especulación en bolsa. La fuente de financiamiento de los grandes grupos económicos,
¡oh! Sorpresa, varios de ellos tuvieron su origen en aquellos oscuros años, donde no existía control ni
límite alguno para el gran capital.
Lo que no se discute en el congreso, lo que no se dice, es que los fondos de pensiones, según
datos de la Superintendencia de pensiones, al cierre de noviembre de 2023, acumulaban activos por
4.334 millones de UF, equivalentes a US$ 182.598 millones, al valor del dólar al 30 de noviembre (2). Es
mucho dinero, representa el 81% del PIB de Chile. Recursos que han permitido el financiamiento del
sector bancario, de la industria de seguros, del transporte, del retail, de la minería. Son los recursos de
los trabajadores chilenos, que, invertidos en acciones de estas empresas, han permitido la creación de
enormes conglomerados empresariales, que incluso hoy día, expanden sus negocios al exterior. Esa es la
verdadera razón, porque el sector conservador se opone a los cambios. Los trabajadores de Chile, han
logrado acumular unos activos multimillonario, es justo y necesario, que los propios trabajadores
decidan el destino de sus fondos. Un verdadero sistema de seguridad social, requiere la existencia de un
pilar solidario, la capitalización individual podría ser voluntaria, y bajo ciertos parámetros para
trabajadores jóvenes. Ni la seguridad social de los Estados Unidos, funciona con la economía de casino
de juegos, con la que funcionan los fondos de pensiones de Chile.
Según datos del INE (3) la fuerza de trabajo de Chile, está compuesta por poco más de 10
millones de personas, de la cuales 9 millones cien mil personas están ocupadas, de éstos, en el trimestre
móvil julio-septiembre 2023, estaban cotizando a los fondos de pensiones 5 millones setecientos mil
cotizantes dependientes. A noviembre de 2023, en Chile existía un número de 2 millones 340 mil
personas pensionadas por vejez. La posibilidad de crear un sistema de seguridad social, que incluya
mecanismos de solidaridad intra e inter generaciones, es la única forma de saldar la deuda, que el estado
de Chile, tiene con quienes forjaron en el pasado, el país que hoy tenemos. Se puede conjugar la
existencia de un mercado de capitales potente, con un eficiente sistema de inversores privados y público,
que permitan incrementar el fondo de pensiones. Se pueden incorporar modificaciones que permitan,
financiar con nuestros fondos de pensiones, las obras de infraestructura que el país necesita para dar el
salto al desarrollo, puertos, aeropuertos, carreteras, que luego se concesionan, y el fondo de pensiones,
asegura un ingreso constante y regulado. Inversiones y rentabilidades aseguradas, abiertas hoy solo a
empresas privadas. Transcurridos más de 40 años desde la creación del negocio de las AFP, hay que
dejar atrás las añejas ideas neoliberales, y pensar en fórmulas que promuevan el desarrollo y el progreso
social del país. Ningún sector político, que tenga en mente el interés superior de la patria, puede negarse
a crear el sistema de seguridad social, que Chile se merece. Hoy por ti, mañana por mí.
Ernesto Sepúlveda Tornero