Una región aislada como Magallanes no está ajena al delito de Trata de Personas. Sin ir más lejos,
Puerto Natales se hizo eco de esta problemática a raíz de la denuncia de ocho ciudadanos de
nacionalidad haitiana, quienes durante fines de 2017 e inicios de 2018 fueron víctimas de esta
grave vulneración con fines de explotación laboral o trabajo forzado.
En un esfuerzo público por fortalecer la articulación intersectorial y promover instancias de
capacitación y diálogo en torno a este flagelo, el auditorio de la Contraloría General de la
República en Punta Arenas fue el epicentro de una inédita jornada formativa, dirigida a
funcionarias y funcionarios públicos de las OIRS, en torno a mecanismos de prevención y atención
a víctimas de la Trata de Personas. Esta jornada surgió del trabajo de la subcomisión de Promoción
de la Mesa Regional Intersectorial de Trata de Personas de Magallanes (MITP), compuesta por
representantes de instituciones del Estado, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil,
y contó con la colaboración con la Organización Internacional por las Migraciones (OIM).
Al abrir el evento, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat (quien preside la Mesa MITP), se
refirió a la Trata de Personas como “uno de los desafíos más serios que enfrentamos como
sociedad, al constituir una grave violación a los derechos humanos, que afecta a muchas personas
más de las que vemos. Combatir y trabajar por erradicarlo es una de las principales tareas que nos
hemos propuesto en la mesa (MITP), pero también desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric”.
Agregó que las cifras son claras: entre 2012 y 2022 se registraron 42 personas condenadas por
este delito, 22 mujeres y 20 hombres, con 27 sentencias condenatorias. De 347 víctimas
identificadas que se han contabilizado, 201 corresponden a trata laboral (58 por ciento) y 146 a
trata sexual (42 por ciento). Destacó que nuestra legislación actual cuenta con mecanismos
específicos para combatir este crimen, pero aún hay mucho más por hacer.
Natacha Oyarzún, Coordinadora Regional del Centro de Apoyo a Víctimas de Punta Arenas, señaló
que quienes incurren en el delito de Trata de Personas buscan una víctima vulnerable, “y esta
vulnerabilidad dice mucha relación con su historia de vida. Hay una gran cantidad de víctimas
mujeres, cuando se trata de explotación sexual, que han tenido una niñez e historia de vida muy
duras en general con abusos, delitos sexuales y familias muy disfuncionales y muy unido a la
pobreza”. En búsqueda de situaciones mejores, el captador se aprovecha esta situación ofreciendo
condiciones que finalmente no se cumplen y que mantienen a la víctima en una verdadera
situación de explotación: “esta es una forma de privar de libertad a personas a través del
sometimiento, del miedo y del engaño que se da mucho en este delito moderno”.
Muy contenta con la alta convocatoria se mostró Vesna Mladinic, quien informó que la Región de
Magallanes registra (entre 2012 y 2022) cinco causas judiciales con 17 víctimas de esta violación a
los Derechos Humanos, esperándose que esto vaya apareciendo “en la medida que funcionarios y
funcionarias y también la ciudadanía estén más sensibles sobre estas temáticas, y que estemos
alertas para detectarlo de manera precoz y apoyar así a la justicia”. De ahí que el sello que aspiran
a darle es trabajar de manera intersectorial.
En la oportunidad, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) junto al Servicio Nacional de
Migraciones abordaron generalidades en torno a la Trata de Personas, a través de un marco
general, conceptos claves y el Procedimiento de Denuncia.
Por su parte, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), de la Subsecretaría de Prevención
del Delito, expuso sobre el perfil de la víctima de Trata de Personas, dando cuenta del Protocolo
de atención a víctimas, lo cual matizó a través del empleo de la técnica de “Role Playing” (juego de
roles).
A su vez, la OIM dio cuenta sobre su labor en materia de asistencia humanitaria y los Fondos
Nacionales e Internacionales para la asistencia de víctimas de Trata de Personas.
Esta fue una de las primeras acciones importantes en conjunto con la OIM, para contribuir a la
eliminación de este delito a nivel regional en el actual mandato del Presidente Boric, enmarcada
en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile (Protocolo de Palermo),
y en estrecha vinculación con el Programa de Derechos Humanos impulsado por el Gobierno.