Amigos y amigas, en los últimos días he reflexionado bastante sobre nuestra mala
memoria como sociedad. No hay siquiera que remontarse al siglo XX ni a los albores de la
causa social, y las luchas obreras, para darse cuenta. Es que, con más frecuencia de lo
razonable, hemos ido tomando decisiones como país, que van hacia una banda, para al
cabo de los 4 años presidenciales, nos vamos a la banda contraria. Lejos estamos de ser un
país desarrollado, aunque un reducido grupo de chilenos y chilenas, sí vive con un
estándar de país del primer mundo. Lo ha dicho el banco mundial, y también distintos
informes de la OCDE, Chile se encuentra entre los países de mayor desigualdad de
ingresos. Pese a los avances logrados a través de la política pública, aún hoy día, la
resistencia a una reforma tributaria profunda impide introducir los elementos correctivos.
En los países desarrollados, la corrección de ingresos se produce a través del sistema
impositivo. Un modelo de estado de bienestar, que ha sido el leit motiv, del progresismo
chileno, requiere una estructura tributaria distinta, con mayores aportes de las grandes
fortunas. Se viene intentando este camino, desde hace décadas, pero no han existido los
consensos necesarios en las fuerzas políticas. El problema de Chile, es que debe hacerse
cargo de su grave problema de desigualdad, al mismo tiempo, que de recuperar el ritmo
de crecimiento económico. Sin aumentos en la productividad, no se produce el efecto
virtuoso de la formación de empresas, creación de empleos, e ingreso de más personas al
consumo de bienes y servicios.
Los problemas que impiden que Chile alcance el desarrollo, y con esto se asegure
un mayor bienestar a los ciudadanos de a pie, se vuelven a expresar, una y otra vez, cada
vez que tenemos elecciones presidenciales. Así lo vimos en 2013, en la segunda
candidatura de la presidenta Michelle Bachelet. El propósito declarado de su gobierno fue
la lucha contra la desigualdad, en todas sus dimensiones. Para ello una reforma tributaria
para financiar entre otras cosas, la gratuidad en la educación para los hogares del 50% con
menores ingresos. Una generación de estudiantes ya ha sido beneficiada por esta política
pública. Tenemos pésima memoria, el proyecto de gobierno de la presidenta Bachelet,
dio respuestas a necesidades concretas, problemas reales, que se expresaron en
manifestaciones sociales, en movilizaciones que se dieron en todo Chile. En el caso de
quienes vivimos en las zonas extremas del país, el gobierno de la presidenta Bachelet se
hizo cargo de la insatisfacción, el descontento que existía en este territorio con el estado
central. Seguro que en el centro del país pocos lo recuerdan, pero en 2011 existió una
enorme y transversal movilización social en Magallanes. Fue el denominado “Paro del
gas”, trabajadores, empresarios, funcionarios públicos, estudiantes, paralizaron la región
durante una semana, protestando contra un aumento en el precio del gas. Elemento
esencial para la vida en la zona austral. El gobierno del presidente Piñera, debió echar pie
atrás en su decisión. En el año 2012, se producen movilizaciones similares en las regiones
de Aysén y de Arica Parinacota, también allí protestando contra acciones decididas en el
gobierno central. Estas situaciones producidas en las zonas extremas, fueron fundamento
de una política pública, muy exitosa que apuntó a la raíz de las condiciones de vida de los
habitantes de las zonas extremas. Se buscó a través del Plan especial de desarrollo de
zonas extremas, enfrentar la desigualdad territorial, la que implica que los habitantes de
estos territorios, acceden a bienes y servicios de inferior calidad, o de mayor precio, que
en el centro del país. El plan de zonas extremas benefició a las regiones de Magallanes y
de la antártica chilena, la región de Aysén, la región de Arica Parinacota, y la provincia de
Palena y comuna de Cochamó. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet, acertó en el
diagnóstico, y generó políticas públicas como la gratuidad en el ámbito de educación
superior. También la reforma al sistema electoral, eliminando el sistema binominal,
permitiendo una mayor representatividad, y diversidad en la integración del congreso.
También se hizo cargo de la inestabilidad social, que generaba las limitaciones
constitucionales, para llevar al país a un estado social y democrático de derecho. Durante
el período 2016 al 2017, se efectuó un proceso participativo en todo el país, con más de
200 mil personas, en encuentros locales para la nueva constitución. El resultado, una
propuesta de reforma constitucional, para aprobar un nuevo texto constituyente, el que
quedaba para ser tramitado por el gobierno siguiente, y aprobado por el primer
parlamento sin binominal.
Pero tenemos mala memoria, y en las elecciones de 2017, se impuso la alternativa
conservadora, que desechó continuar con el proceso constituyente propuesto. Se planteó
desmantelar la reforma tributaria, y revisar la gratuidad en la educación, y todas las
iniciativas impulsadas por el gobierno anterior. A la elección siguiente, la rueda volvió a
girar, y los chilenos y chilenas en 2021, volvieron a elegir un gobierno progresista. La
administración del presidente Boric, ha procurado retomar la agenda de transformación
social interrumpida por la administración conservadora, una propuesta de pacto fiscal,
para enfrentar el financiamiento de un mayor monto de pensión garantizada universal.
Una nueva propuesta de reforma de pensiones y la reforma de salud. También en este
gobierno se ha retomado el impulso constituyente, que se inició en la administración
conservadora, forzado por el estallido social. Como ha sido la regla en nuestra democracia
del empate de fuerzas políticas, el sector conservador ha bloqueado todo avance
legislativo de la agenda progresista. Y ya estamos próximos a un nuevo ciclo electoral. En
un juego de suma cero, en que los más pobres y postergados, pagan las consecuencias, de
las malas decisiones que tomamos como sociedad.
En principio la alternancia en el poder, es saludable en una democracia. Pero para
que la sociedad realmente se beneficie, de mejores políticas públicas, mejor gestión, o
mayor cercanía con los problemas y necesidades de la gente, se requiere continuidad de
las políticas públicas de probada eficacia. Si nuestra memoria no mejora, seguiremos
tomando malas decisiones, y nuestro país seguirá esperando para retomar su camino al
desarrollo.
Ernesto Sepúlveda Tornero