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KUSANOVIC DESTACA AVANCE DEL PROYECTO QUE PERMITIRA REGISTRAR LAS ACTUACIONES MEDIANTE CAMARAS CORPORALES

A tercer trámite legislativo paso el proyecto de ley que establece el deber de efectuar registros
audiovisuales de las actuaciones policiales, luego de ser despachado por el Senado con
respaldo unánime. El texto, próximo a convertirse en ley establece como regla general la
facultad para que los funcionarios policiales puedan grabar las actuaciones que realizan en
lugares públicos, de libre acceso al público y en lugares cerrados cuando realicen detenciones
en flagrancia y registros (con o sin autorización judicial). Además, se establece la obligación
para funcionarios pertenecientes a dotaciones de Unidades de Control de Orden Publico (ex
fuerzas especiales), de utilizar sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en lugares
públicos o de libre acceso al público, respecto de todos los procedimientos relacionados con el
derecho de reunión, tales como protestas y similares.
De aprobarse el proyecto, se espera contar con 4.433 dispositivos para efectivos de
Carabineros y de la PDI, lo que incluye 1.630 cámaras para las unidades de Control de Orden
Público de Carabineros (COP), 493 para el OS7 y el Departamento de Investigación de
Organizaciones Criminales (OS9), quienes están dedicados a investigar delitos violentos y
bandas de crimen organizado. Para la Policía de Investigaciones se consideran 1.469 cámaras
para las Brigadas de Robos y Brigadas de Investigación Criminal. Adicionalmente se
considerarán 841 efectivos de las Brigadas de Antinarcóticos y de Crimen Organizado, las
Brigadas de Reacción Táctica y la Brigada de Investigaciones Policiales, con estos dispositivos.
El integrante de la Comisión de Seguridad Pública, senador Alejandro Kusanovic, aclaro que “la
experiencia internacional nos ha mostrado la importancia de estas herramientas, tanto para el
resguardo de la evidencia como para asegurar el apego a los protocolos de actuación policial
durante los procedimientos que se realizan”, detallando que el proyecto aprobado “favorecerá
la obtención de medios de prueba y limitará claramente las falsas acusaciones contra las
policías, quienes se ven expuestos a este riesgo en los procedimientos en que participan”
finalizo.