A través de recursos de revisión que serán
presentados ante los tribunales magallánicos, un grupo de hombres y mujeres de
la región que fueron llevados a Consejos de Guerra luego del golpe civil militar de
1973 buscan eliminar las sentencias dictadas en su contra. En Punta Arenas
fueron realizados seis juicios en tribunales militares que involucraron a casi un
centenar de militantes y/o funcionarios del depuesto gobierno de Salvador Allende,
en los que se emitieron altas sentencias de cárcel e incluso condenas a muerte.
Pronto a cumplirse 50 años desde la instalación del primer tribunal militar “en
tiempos de guerra”, las sentencias emitidas están siendo anuladas por la Corte
Suprema. El 3 de octubre de 2016, el máximo tribunal anuló el fallo del Consejo de
Guerra rol 1-1973, tribunal que había condenado a un grupo de aviadores
constitucionalistas. Al dictar esta sentencia de anulación, el máximo tribunal
cumplió con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso
Omar Maldonado y otros con Chile, y señaló que el recurso de revisión era el
medio procesal para anular estas sentencias.
“Aquí no hubo guerra, tampoco hubo dos bandos beligerantes y lo que ellos
llamaron enemigos eran en realidad hombres y mujeres que abrazaron un
proyecto político que transcurría en democracia, con un gobierno elegido
democráticamente. Los Consejos de Guerra fueron una aberración, que fueron
usados como excusa para darle legalidad a los crímenes”, apuntó el Delegado
Presidencial José Ruiz Pivcevic al comentar la decisión delas y los x prisioneros
de la dictadura de impugnar las sentencias dictadas por los tribunales militares,
constituidos como Consejos de Guerra.
El abogado Pablo Bussenius, que tomó las causas por encargo de la gruación e
DDHH “Orlando Letelier”, explicó que es “más que dudosa” la legalidad de los
Consejos de Guerra, toda vez que el proceso llevado adelante por tribunales
integrados solo por militares, con abogados defensores que no tenían derecho a
alegar y cuyos jueces basaban sus sentencias en “confesiones” sacadas bajo
torturas, han terminado por ser cuestionados por las cortes internacionales de
derechos humanos, así como por la propia Corte Suprema chilena.
Y hay un caso en Magallanes. Se trata del ex prisionero Fernando Lanfranco,
quien fue llevado a un Consejo de Guerra junto a otros militantes partidarios de la
Unidad Popular sentenciados a altas penas de prisión, que nunca cumplieron
porque antes muchos de ellos fueron expulsados de Chile a través del Decreto
504 que los llevó a un largo exilio. Lanfranco al regresar inició las acciones
legales, con un recurso de revisión del juicio que tuvo ante tribunales militares y
luego de un largo camino, la Corte Suprema dictaminó la eliminación de la
sentencia. “Se trataba de un acto de reparación que yo sentí necesario, una
resolución judicial, definitiva, que terminó con la ilegalidad, puso fin a una injusticia
y, por cierto, me devolvió dignidad”, dice Lanfranco, uno de los autores de la
Cantata Nuestra Madre Grande, escrita en Isla Dawson y de pronto estreno.
Los documentos que serán presentados como recursos de revisión fueron
firmados por una veintena de personas juzgadas por los Consejos de guerra, en
un significativo acto realizado en las dependencias de la Delegación Presidencial
de Magallanes, para enseguida dirigirse al frontis de la ex Cárcel Pública, done
muchos y muchas de las personas detenidas era llevadas para “cumplir
condenas”.
Una de ellas era Rosa María Lizama, que fue recluida en esa prisión, en pleno
centro de la ciudad, cuando tenía 16 años de edad, luego de haber sido
secuestrada del colegio donde estudiaba. Luego de pasar por los centros de
interrogatorios y torturas, fue sometida a un Consejo de Guerra en noviembre de
1973, contra la Juventud Socialista. Finalmente fue condenada a cuatro años de
reclusión.
En la puerta de excárcel pública, hoy piensa que «el Estado al reconocer la
ilegalidad de los Consejos de Guerra, y admitir que se basaron en la violación a
los derechos humanos, realiza un acto de reparación».