Durante cinco horas y haciendo frente a las temperaturas bajo cero registradas durante la madrugada de este domingo, instituciones públicas fiscalizaron a diversos moteles, discotecas, clubes nocturnos y otros establecimientos de Punta Arenas. El operativo – el tercero de este año – convocó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) junto al programa PEE de ONG Raíces, Carabineros de Chile, Coordinación de Seguridad Pública Regional, Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, Servicio de Impuestos Internos, Dirección del Trabajo, SENDA y la Seremi de Salud de Magallanes.
Esta iniciativa es una de las medidas levantadas por la Comisión Coordinadora de Protección Regional, para prevenir, afrontar y erradicar la explotación sexual en Magallanes. Este delito – tipificado en la Ley 21.522 – ha experimentado una preocupante alza en los últimos tres años, afectado inclusive a niños y niñas que no superan los ocho años de edad. Por ello, se ha reconocido la necesidad de establecer una respuesta estatal coordinada y permanente, mediante la capacitación de funcionarios, así como la identificación de focos de explotación y el intercambio de información entre instituciones públicas.
Al respecto, la analista de coordinación intersectorial del Servicio de Protección Especializada, Paula Salinas Cristi, señaló “Nos encontramos frente a una grave vulneración, que se ha transformado en un problema país y repercute significativamente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Por lo mismo, nuestra respuesta como Estado debe ser conjunta y consistente. En primer lugar, debemos concientizar y educar a la ciudadanía, especialmente a los locatarios de establecimientos comúnmente utilizados por las redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, buscamos que en cada fiscalización del cumplimiento de la normativa sanitaria, tributaria o laboral, hayan funcionarios capacitados y atentos a cualquier indicio de explotación. De este modo, esperamos aumentar el número de denuncias y reducir el campo de acción que explotadores, facilitadores y encubridores tienen hoy en Magallanes”.