Tribunal de Porvenir citó para el 16 de agosto a una junta en la que los acreedores deberán pronunciarse sobre la propuesta de reorganización que la empresa debe negociar. Fue presentada nueva querella por eventual delito de estafa en contra de la empresa.
La compañía recibió en la última semana un “balde de agua fría”, tras ser sorprendida por una querella por el eventual delito de estafa por 300 millones de dólares, unos 240 mil millones de pesos chilenos.
La querella fue interpuesta el martes 11 de julio ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, por el abogado Carlos Cortés Guzmán, en representación de Fratelli Investments Limited, corporación extranjera, en su calidad de víctima.
Según informa el diario La Prensa Austral la presentación legal está dirigida en contra de Yngve Myhre, presidente del directorio de Nova Austral; Halvor Meyer, director y socio de Bain Capital Private Equity, con domicilio en el Reino Unido; Tom Christian Jovik, director, con domicilio en Oslo, Noruega; Nicolás Nicolaides, ex gerente general de Nova Austral, y Sergio Montenegro, ex director financiero de la compañía; y en contra de todos aquellos que resulten penalmente responsables como autores, cómplices y encubridores del delito de estafa, y por cualquier otro delito que resulte acreditado durante la investigación.
Según se expone en el escrito, “los querellados -como directores y administradores de la compañía Nova Austral- deciden colocar un bono en el mercado de valores por US$300 millones en el año 2017, sabiendo que a lo menos desde el año 2016 la empresa incumplía severamente las normas medioambientales chilenas, tal como se acredita en causa iniciada por el Consejo de Defensa del Estado y posterior formalización, verificada respecto de la planta administrativa y gerencial ante el tribunal”.
Se agrega que “una vez captado el interés de los inversionistas, todos los cuales engañados por esta apariencia de encontrarse en presencia de una empresa con giros lícitos y prácticas de acuerdo al derecho, lograron hacerse de US$300 millones”.
Por otra parte, la semana pasada se informaba que el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir acogió a tramitación la solicitud de reorganización judicial que presentó la salmonera, controlada por el fondo noruego Altor Capital, que solicitó su reorganización el 20 de junio, una solicitud en la que detalló los motivos que la llevaron a su reorganización: el “endurecimiento del estándar fiscalizador”; la falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la compañía”; la “invalidación de autorizaciones para relocalizar centro de cultivo” y la “emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile”. En el documento, la compañía de capitales noruegos detalló que sus pasivos suman US$559 millones ($ 449.636 millones). Los tres mayores acreedores son Nordic Trustee (US$415 millones), que representa a los bonistas de la empresa; DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones). A los proveedores locales, la empresa debe cerca de US$ 60 millones. Tal como lo solicitó Nova Austral, el tribunal nombró al abogado Patricio Jamarme como veedor del proceso de reorganización. Jamarne, abogado de Hales & Jamarne, cuenta con amplia trayectoria en materia de quiebras y reorganizaciones, participando en procesos como el de la quiebra de Colo Colo y Pérsico, entre otras. De hecho, es el veedor con más procedimientos registrados desde 2014 -cuando se modificó la entonces Ley de Quiebras- a la fecha, con un total de 36 procedimientos, de los cuales 32 se mantienen vigentes.
Durante este período, la salmonera asesorada por el estudio de abogados Carey “no podrá gravar o enajenar sus bienes, salvo aquellos cuya enajenación o venta sea propia de su giro o que resulten estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad; y respecto de los demás bienes o activos, se estará a lo previsto en el artículo 74 de la citada Ley”.
Sin perjuicio de la prórroga judicial de la protección financiera, el deudor a través del veedor, publicará en el boletín concursal, en el plazo de 20 días hábiles contados desde la publicación de la resolución, en el boletín concursal, su propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial. “Si el deudor no da cumplimento a esta orden, el veedor certificará esta circunstancia y se dictará la resolución de liquidación, sin más trámite”, consignó la resolución.