Amigos y amigas, la semana que nos deja, estuvo marcada por los temas de seguridad.
El brutal crimen que afectó a la Sargento Rita Olivares, póstumamente ascendida a suboficial
mayor, conmocionó al país. Los hechos se produjeron cuando la unidad que dirigía, la
carabinera fallecida, acudió a un lugar donde se perpetraba una “mexicana”, es decir el intento
de una banda narco de robar a otra banda su droga. Se trataba de individuos fuertemente
armados, que, viéndose en peligro de ser atrapados, dispararon decenas de tiros, a la policía.
Difícil que, en el país, haya quedado alguien sin conmoverse. Lamentablemente, la oposición,
dejando de lado el más mínimo pudor, hizo aprovechamiento político, del sensible deceso,
responsabilizando al gobierno, de las trágicas muertes. Un escenario donde la emoción,
legítima de las familias, se instrumentaliza para obtener dividendos políticos. Así, en un
contexto donde medio Chile, lloraba a la nueva mártir de la institución, se discutió en la cámara
de diputados el proyecto de ley Nain-Retamal. Un proyecto que en lo sustantivo establece un
endurecimiento de penas, para quienes atenten en contra de personal de las fuerzas de orden y
seguridad. Sin embargo, incorpora un nuevo concepto de legítima defensa privilegiada, que ha
sido objeto transversalmente de cuestionamientos, por abogados penalistas. Su aprobación
implicaría, prácticamente. que ya no sería necesario comprobar la ilegitimidad de la agresión, la
necesidad racional del medio empleado ni la falta de provocación suficiente. Requisitos hasta
ahora de la legitima defensa, que ya no serían objeto de revisión ni control, lo que conllevaría
relajar los controles sobre el uso de la fuerza letal, aumentando el riesgo de eventuales
excesos. También se pronunció en el mismo sentido, el jefe de la ONU para América del Sur, Jan
Jarab, señalando que no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos, ya que
“en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta
reduce la rendición de cuentas. Obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de
eventuales abusos, favoreciendo la impunidad”. Tras la aprobación en la cámara, el ejecutivo ha
presentado indicaciones, con el propósito de que el endurecimiento de penas se concrete. En
cuanto a la legítima defensa privilegiada, se introducen requisitos para el ejercicio de la misma,
evitando así el riesgo de futuros excesos.
Una política tan importante para el país, como la política pública de seguridad, no puede
legislarse al compás de las redes sociales, o matinales de TV. Está comprobado que la pauta
televisiva, marcada por la crónica roja, notas sobre asaltos, portonazos, o delitos de droga,
incrementa la percepción de inseguridad de la población. Si a eso le sumamos, políticos
populistas, ofreciendo soluciones inmediatas y fáciles a cuanto mal aqueja a la sociedad,
tenemos un cóctel indigesto, alto en riesgos contra la convivencia y contra la democracia.
No es fácil discernir, en medio del bombardeo mediático. Y sucede, que, en los próximos
meses, tendremos que acudir nuevamente a las urnas. Para elegir a los consejeros
constitucionales, que nos darán, una nueva carta fundamental. Cómo podemos hacer, para no
equivocarnos, para no caer presa del canto de sirena populista. No está fácil. Lo primero será,
revisar tus propias ideas sobre la vida y la sociedad. Luego será informarse sobre los
planteamientos concretos que hacen los distintos conglomerados políticos. La decisión esta vez,
no será una caja de pandora, de la que puede salir cualquier cosa. Este proceso, cuenta con
doce bases institucionales, previamente acordadas por las fuerzas políticas con presencia
parlamentaria. Cuenta con una comisión técnica de admisibilidad, que realizará un examen del
contenido, para verificar se encuadra dentro de las bases institucionales. Y cuenta con una
comisión experta, integrada por 24 personas, las que ya dieron origen a una propuesta de
contenido constitucional, en un texto de 192 propuestas de norma, y 22 disposiciones
transitorias. Esta propuesta de texto deberá votarse por el pleno de la comisión experta, lo que
debiera ocurrir durante este lunes. Como se puede apreciar, el proceso en curso, carece del
vértigo que produjo el anterior proceso. Se han extremado medidas para que los acuerdos
surjan de consensos amplios. Los que, de todos modos, son forzados por la composición de la
comisión experta y de la comisión de admisibilidad, en ambos organismos hay un virtual
empate entre gobierno y oposición. De ahí la importancia, de lo que cada uno (a) de nosotros
haga el 7 de mayo, contar con un consejo constitucional variado y representativo, dependerá
de la candidatura, y del pacto electoral, que cada quien apoye.
La posibilidad de redactar un nuevo contrato social, pese al resultado del proceso
anterior, honra a Chile, honra nuestra democracia. Definitivamente queremos, tener una
mirada común sobre nuestra vida en sociedad. Sabemos la importancia de los consensos y
grandes acuerdos, y nuestra realidad histórica y política, nos obliga a perseverar en la búsqueda
de un propósito común, una idea, un proyecto de país. Para que nuestros hijos, y los hijos de
nuestros hijos, cuenten con instrumentos adecuados para resolver sus diferencias, y para que
los frutos de un futuro país próspero, lleguen a todos y todas. No es un camino fácil el que
estamos siguiendo, pero nuestros ancestros, enfrentaron desafíos mayores, para legarnos este
sueño llamado Chile. Somos herederos de esos esfuerzos, y de cada hombre y mujer de esta
tierra, depende el llevar nuestro barco a buen puerto.
Ernesto Sepúlveda Tornero