Esta mañana, los siete sindicatos de Mina Invierno solicitaron al Tribunal Ambiental de Valdivia, el cese de la medida cautelar que prohíbe a la minera el uso de tronaduras en profundidades inferiores a los 100 metros sobre el nivel del mar.
Por medio de un escrito, los trabajadores indicaron que dicha disposición -que impide la continuidad de la extracción del mineral en el corto plazo- ya ha generado 45 despidos y el cese de un centenar de incorporaciones de trabajadores en proceso de ingreso, y que podría implicar un aumento progresivo de desempleo, y el cierre definitivo de la operación.
“En el lamentable evento que este Ilustre Tribunal resuelva mantener firme la medida cautelar decretada, se debe tener presente que esta se traducirá en el inicio de un inminente -y escalado- proceso de detención de las faenas y reducción de personal por Mina Invierno, partiendo en el semestre en curso y, por ende, un duro impacto para todos los trabajadores y contratistas de la mina, quienes verán comprometidos sus derechos de continuidad laboral y salarial”, señala el documento.
Junto con ello, indicaron que “la medida resulta absolutamente desproporcionada, considerando que no existe riesgo para el componente paleobotánico que se busca proteger”.
En este sentido, argumentaron que no se ha reportado la existencia de ninguna pérdida de información o daño a los restos paleobotánicos que se obtienen como consecuencia del uso de tronadura”, tal como señaló el informe elaborado por la Superintendencia del Medio Ambiente, en el mes de enero de 2019, con la participación del Sernageomin y el Consejo de Monumentos Nacionales.
“No se debe pasar por alto que el reclamo ha sido promovido por un grupo privilegiado de personas de la región, que no son representativos de la comunidad, y que tienen asegurado el acceso a bienes y servicios de calidad. Por el contrario, los sindicatos estamos compuestos por trabajadores dependientes, que nos veríamos en la obligación de salir de la región en busca de oportunidades laborales. Por tanto, aquí el daño se le está haciendo a las más de mil familias que ven amenazada su fuente laboral, en forma directa e indirecta, además de afectar la reactivación económica de la región”, señaló Jacqueline Villarroel, vocera de los sindicatos.
