Amigos y amigas, la semana que pasó quedó marcada por el anuncio del presidente Gabriel Boric, de la próxima presentación del proyecto de reforma de pensiones. Un tema capital para el mejoramiento de la calidad de vida en Chile. De acuerdo a datos del último censo, la población de Chile es de 19. 619. 018 personas, según el INE, nuestro país está en una etapa avanzada de envejecimiento poblacional. Esto, se explica, por una parte, porque nuestra tasa de fecundidad, ha sido menor a 2,1, en los últimos veinte años, esto es, inferior a la tasa de reemplazo (que es el número de descendientes que ocuparán la posición de sus progenitores al momento de su muerte). Y, por otra parte, se explica, por la baja tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. Con estos datos, se proyecta que, en 2035, Chile tendría: 13.733.523 personas (65,0%), estarán en el rango de 15-64 años; 3.993.821 de personas (18,9%) estarán en el rango de 65 años y más, y sólo 3.410.425 de personas (16,1%) en el rango de 0-14 años. Según el INE, estos fenómenos se irán acentuando, y así para 2050, en Chile se proyecta que habrá 176 personas mayores de 64 años, por cada 100 personas menores de 15 años de edad. En palabras simples, como país nos vamos poniendo viejos a ritmo acelerado.
Ese es un elemento del complejo tema de las pensiones, que se toma la agenda, y que promete ya, desenterrar las mismas discusiones que hemos tenido desde el año 1990 en adelante. Otro elemento, son los datos de empleo. ¿Cuántas, de estas, 19 millones seiscientas mil personas, forma parte de la fuerza de trabajo?, según el último boletín de empleo del INE, sólo 9.616.732 personas integran la fuerza de trabajo, es decir, son mayores de 15 años que están interesados en trabajar. En esta fuerza de trabajo, se considera a 8.843.544 de personas que están trabajando, ósea están “ocupados”, y a 773.188 personas que no están trabajando, pero buscan trabajo, ósea son “desocupados”. Estos a su vez, pueden ser personas que “buscan trabajo por primera vez”, o que están “cesantes”.
Como si estas cifras no fueran alarmantes, hay que incorporar otro elemento a la discusión. La existencia de altos niveles de ocupación informal, es decir, personas que trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral. También son ocupados informales quienes trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal, y, asimismo, los familiares no remunerados del hogar. Para el trimestre julio-septiembre de 2022, la tasa de ocupación informal fue de 27,1%. Siendo las mujeres, y las personas de tramos etarios extremos (los de mayor edad y los más jóvenes), los más afectados por esta situación.
Esta es la realidad que debe considerarse al discutir la reforma del sistema de pensiones. A lo que hay que agregar, el archi estudiado esquema de ingresos y cotizaciones. Desde 2006, se han formado variadas comisiones de expertos que concluyen, que la tasa de reemplazo del sistema de capitalización individual, paga pensiones que no llegan ni a un tercio de la última remuneración percibida. Los únicos grandes avances que se dieron en este tiempo, fueron la creación de la pensión básica solidaria, de la presidenta Michelle Bachelet, y la creación en 2022 de la pensión garantizada universal. El sistema no se ha tocado, y sigue siendo en su esencia el mismo creado por José Piñera, ministro del trabajo del dictador Pinochet. Desde 1990 a la fecha, todas las propuestas para modificar el rol de las AFP, y de la capitalización individual fue rechazada por la derecha. Hoy, ante un escenario incierto, post estallido social, y post rechazo de propuesta de la convención, es urgente y apremiante, para el bien de Chile, que las fuerzas políticas miren más allá de sus anteojeras ideológicas, y examinen la propuesta de reforma integral, del gobierno del presidente Boric.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, economista respetado transversalmente, por su responsabilidad y solidez técnica, ha señalado que la reforma consolida un sistema mixto con contribución del Estado, los empleadores y los trabajadores, y beneficiará a todos los pensionados, a los actuales y futuros.
La propuesta que el gobierno introducirá a la discusión parlamentaria, contiene tres ejes, según detalla la página del ministerio del trabajo:
1.-Fortalecimiento de la PGU: Aumento en el Pilar no Contributivo a través del aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, desde los $194 mil actuales.
2.-Fondo integrado de pensiones y seguro social: Se construirá con una nueva cotización de los empleadores de un 6%. El que se implementará de forma gradual hasta completar un 6% de la renta imponible: un punto porcentual por año. Con esta cotización se construirá el Fondo Integrado de Pensiones que creará el Seguro Social, el cual entregará los siguientes beneficios:
-Pensión del Seguro Social: La cotización del 6% que aportará el empleador generará para el trabajador el derecho a una pensión. Esta se calculará según el saldo acumulado en la cuenta personal del Seguro Social, reconociendo el esfuerzo individual sin diferenciación por sexo.
-Solidaridad intergeneracional: Esta pensión contempla una garantía de 0,1 UF por año cotizado que rige tanto para actuales como futuros pensionados, con un máximo de 30 años.
-Compensación por tablas de mortalidad a actuales y futuras mujeres jubiladas, en el componente de capitalización individual. Se asume que la mujer vivirá lo mismo que el hombre (tope de pensión autofinanciada UF 15: $519 mil a valor actual), compensando la diferencia respecto a la pensión obtenida.
-Lagunas: Cada vez que se usa el Seguro de Cesantía, individual o colectivo, paga las cotizaciones del 10% y el 6% con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
-Tareas del Cuidado: Otorga cotizaciones para cuidados de dependencia, severa o moderada, para personas inscritas en el Módulo de Cuidadores del Registro Social de Hogares (RSH), con un tope de 2 años.
-Maternidad: Se registran 24 cotizaciones por 6%, que se agregan al bono por hijo del 10%.
-Pensión de sobrevivencia: En caso de fallecimiento de la persona pensionada, la reciben sus beneficiarios: cónyuge e hijos menores de 25 años que estudian.
3.Fin al modelo de las AFP: Reorganización de la industria en el Pilar Contributivo
Con el objetivo de mejorar la eficiencia del Pilar Contributivo y elevar las pensiones, la propuesta, considera el término del modelo de AFP, contempla la creación de un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y permitirá la creación de Inversores de Pensiones Privados (IPP). La nueva entidad pública, el IPPA, gestionará de forma exclusiva el Seguro Social, al que se destinarán los aportes del 6% que haga el empleador, y competirá con los inversores privados, los IPP, por la administración de la cotización del 10,5% del trabajador.
La propuesta introduce otros cambios, se reemplaza el cobro de comisión sobre el salario por una comisión sobre el saldo gestionado, lo que significa un mayor ahorro para la pensión, y se traduce en un aumento del salario líquido. Por otra parte, se eleva el tope imponible, hoy en UF 81,6 ($2,8 millones aprox.), hasta igualarlo al del Seguro de Cesantía, hoy UF 122,6 ($4,2 millones aprox.), lo que permitirá elevar los montos de ahorro. Asimismo, se propone reemplazar los actuales Multifondos, por Fondos Generacionales. modalidad, recomendada por la OCDE, donde los afiliados serán asignados a un fondo según su edad. En ellos se sigue un régimen de inversión de largo plazo, que va volviéndose más conservador, a medida que el afiliado se acerca a la edad de retiro. La propuesta también reemplaza el Retiro Programado por Renta Vitalicia. Esta última es una modalidad que garantiza una pensión mensual hasta el fallecimiento del afiliado, que es fija en UF, de modo que protege a las personas de los riesgos de longevidad, rentabilidad e inflación. Asimismo, genera el derecho a pensiones de sobrevivencia para los beneficiarios legales.
La tramitación de esta reforma de pensiones, es una prueba de fuego para el gobierno, pero sobre todo para la oposición, que cuenta con mayoría en el parlamento. Las conversaciones efectuadas hasta ahora por la ministra Jeannette Jara, para impulsar el proyecto de las cuarenta horas de trabajo, han sido reconocidas como muy profesionales y técnicas incluso por los líderes empresariales. Un debate técnico, pero también político. Hablamos de la oportunidad histórica, para el sector conservador, de dejar atrás el pacto de intereses con el mercado de capitales. Cuando hoy se alzan voces pidiendo que se deje de lado lo ideológico en este debate, no debemos olvidar que la génesis del sistema de AFP, fue para inyectar oxígeno al capitalismo financiero chileno, agonizante el año 1980. El sistema que se quiere reemplazar, surgió de ese pacto espurio, que sólo pudo concretarse, en dictadura, sin discusión, sin parlamento, sin prensa libre. Estoy convencido de que Chile no se puede perder esta oportunidad. Es la única demanda social verdaderamente urgente y transversal. Y un dialogo abierto, y disposición a acuerdos, es lo único que nos aleja de las presiones entrópicas de otro estallido.