Estamos a una semana del plebiscito de salida que señaló el proceso constitucional, a 7 días en que dejemos atrás la constitución de la dictadura y aprobemos una Nueva Constitución surgida desde lo más profundo de la soberanía popular. Una carta fundamental en que, por primera vez, las normas de convivencia entre chilenas y chilenos que contiene han sido propuestas por una Convención legítima en su origen, democrática en sus decisiones y representativa de la diversidad política, social y cultural del país. Solamente los cultores del autoritarismo, de la democracia protegida y defensores de los privilegios de los dueños del poder y la riqueza pueden sostener lo contrario.
Cuando sepamos el próximo domingo que por fin será derogada la constitución de la dictadura, también los sectores populares que se dejaron engañar por una odiosa y millonaria campaña de desinformación, tergiversación y mentiras, tendrán para celebrar junto a quienes valoramos los avances civilizatorios que alcanzaremos como país a medida que entren en vigor las distintas disposiciones de nuestra Nueva Constitución. Porque ésta es la Constitución que facilita la unidad del pueblo de Chile, logra el reconocimiento de la diversidad de las Naciones que siempre lo ha compuesto y sus derechos colectivos, es decir, la unidad verdadera, sin exclusiones ni primacías, que nos iguala ante la ley, pero sobre todo ante la obligación del estado de garantizarnos el ejercicio de derechos sociales.
Esta Nueva Constitución desborda los límites de las anteriores al dar respuesta a cuestiones que afectan a toda la humanidad y que derivan del afán de nuestra especie humana por concebirse fuera de la naturaleza, en conflicto con ésta y de separar sus derechos de los de su hábitat, dejándolo indefenso de la depredación humana. Por ello es que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza tiene el valor de obligarnos a actuar como país frente a la crisis climática, tomando como base el concepto del buen vivir, propio de las primeras naciones, que fue posible por la participación de sus representantes directos
Cuando los detractores de la Nueva Constitución manifiestan preocupación por el costo financiero que implicará la provisión de derechos sociales, nos están diciendo que sus prioridades están en gastos que derivan de la ausencia de estos derechos garantizados, que atienden a la conflictividad social y entre países y naciones, a saber, la represión policial, el armamentismo y la guerra. Porque ésta es la forma que las élites en el poder atienden las demandas sociales por bienestar, paz e igualdad, al mismo tiempo que protegen sus privilegios.
A contrario de lo que sostienen para justificar la no aceptación del texto constitucional, la propuesta de Nueva Constitución da certezas, protegiendo la propiedad de todos los bienes personales, entregando condiciones para que el estado se ocupe de que los bienes sociales se distribuyan equitativamente en función del progreso y el desarrollo humano, sin limitación por el afán de lucro, que se reserva para los fines propios de la industria, el comercio y los servicios que surja de la ilimitada iniciativa privada.
Por estas razones estamos convencidos que la Constitución del año 2022 será la que dice en su primer artículo:
“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, regional y ecológico”.