Esta semana vivimos sumidos, en una serie de hechos noticiosos, que no dejaron indiferente a nadie. Una semana que discurría relativamente normal, con el despliegue del gabinete ministerial en terreno, y la gira presidencial a la región de Atacama, tuvo un fuerte vuelco. Se produce la detención por personal de la PDI, del líder de la CAM, Héctor LLaitul, el día miércoles y su formalización el día jueves. Se le imputan cinco delitos, por infracción a ley de seguridad del estado, y delitos de robo de madera, usurpación violenta y atentado a la autoridad. El ministerio público solicitó la prisión preventiva, la que fue concedida por el tribunal, disponiéndose esta medida por 30 días, lapso fijado para la investigación. Un hecho que la oposición aprovechó, para acusar al gobierno de intentar sacar provecho político, con miras al plebiscito del 4 de septiembre. Señalando que habría sido el gobierno de Piñera el que inició las querellas, aunque no logró avanzar en la acusación penal. El mismo día jueves, filtran a un medio digital afín a la derecha, una pieza de la investigación llevada a cabo por la PDI, donde se consigna un contacto telefónico efectuado por una asesora de la Ministra de desarrollo social, Jeanette Vega. De inmediato se produce una escalada de declaraciones de personeros de oposición, acusando al gobierno de contactos con Llaitul. Usando expresiones tales como, “contactos con el terrorismo”, llegando algunos a insinuar que estos contactos corresponderían, a una instrucción presidencial. El hecho es que tanto el ministerio público como la PDI, niegan haber filtrado la pieza de la investigación, pero con él se tendió un manto de duda sobre toda la administración. Pese a que el ministerio público, señaló que no tenía relación con los delitos imputados. Ni tampoco existía constancia de haberse producido una comunicación entre la ministra Vega y Llaitul, aparte de una llamada telefónica de una subalterna. Aun cuando no existían vestigios de irregularidad o ilegalidad alguna, el presidente Boric, decidió hacer efectiva la responsabilidad política de la ministra Vega, aceptando su renuncia al cargo. Pero eso no satisfizo a la oposición, la que hizo precisamente lo que acusaba al gobierno, hizo aprovechamiento político de la detención de Llaitul, y de un antecedente marginal, como fue la llamada telefónica de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social. Esa llamada se produjo cuando no pesaba sobre Llaitul orden de aprehensión, ni formalización de cargos en su contra. Cabe señalar, que durante el gobierno del presidente Piñera, también se produjeron contactos con las orgánicas presentes en la Araucanía, pero al igual que en este caso, no se efectuaron reuniones. La posición del presidente Boric sobre esta materia ha sido muy enfática, poniendo como condición para conversar, el abandono de las acciones de violencia. Por lo que no sólo el fondo de la acción de su gobierno debe cuidarse, sino también la forma. Eso es lo que argumentó al aceptar la renuncia de la ministra Vega.
Aun así, la semana, le trajo una buena noticia al gobierno. Sobre las sucesivas denuncias de la oposición ante contraloría, sobre campaña de información del gobierno con miras al plebiscito, la Contraloría, concluyó que no existió irregularidad alguna en su ejecución. Esta determinación respalda la campaña, que ha incluido la impresión de ejemplares de la nueva constitución, para su distribución gratuita. Esta acción informativa, debe valorarse, sobre todo, considerando que existe un número aproximado a los siete millones de persones que nunca antes han concurrido a las urnas. En efecto, las personas habilitadas para votar en el plebiscito, son 15.173.857 personas. Esta elección será con voto obligatorio, y si en la elección presidencial, la elección más concurrida de nuestra historia, votaron poco más de ocho millones cuatrocientas mil personas, tenemos casi siete millones que debieran concurrir a votar adicionalmente. Que lo hagan informados, teniendo la posibilidad de leer el contenido de la propuesta constituyente, es un requisito mínimo para ejercer un voto informado.
Desafortunadamente, lo que más se difunde en redes sociales, y también en medios tradicionales, son los aspectos negativos, las cosas chocantes. Y eso perjudica la participación, no le conviene ni a los partidarios del apruebo ni a los del rechazo. Y con esto me refiero a los sucesos producidos en Valparaíso. Ante un público familiar que participaba de actividades del apruebo, irrumpió un grupo de desquiciados, que realizaron una grotesca performance, que nada tiene que ver ni con el proceso constituyente, ni con demanda social alguna. La totalidad de los personeros del Apruebo, los colectivos participantes, y los simpatizantes de esta opción, han expresado un repudio absoluto. Y ya se han efectuado las denuncias correspondientes, para que se determine la responsabilidad de quienes ejecutaron esa acción, que no sólo ofende nuestros símbolos patrios, sino también afecta seriamente a niños, niñas y adolescentes. La defensora de la niñez y también autoridades de gobierno, ejercerán acciones judiciales con el mismo propósito. Lamentablemente, y cuando no se terminaba de lamentar y de rechazar lo ocurrido en Valparaíso, ocurre en Santiago, un incidente gravísimo que involucra a partidarios de la opción rechazo. Me refiero a la persecución a ciclistas del apruebo, por parte de jinetes a caballo. Una acción que evoca, los “palomeos de rotos”, propios de la primera mitad del siglo XX. A golpes de huasca, y echando el caballo encima, así se produjo lesiones a varias personas. Otras fueron arrolladas por un carretón también tirado por caballos. Una total locura. Si resulta injustificable la acción grotesca, que violenta la moral en Valparaíso, esto otro ocurrido en Santiago, es igual o peor, recurrir a la agresión física, a golpear o lastimar al adversario, nos trae a la memoria, horrores que nadie en Chile quiere volver a vivir.
Siempre lo he dicho, y lo repito, creo en las personas, creo que el común de la gente actúa de buena fe, y es capaz de aceptar el disenso, el no estar de acuerdo. Creo que la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, tenemos un profundo amor a la patria, y a nuestros símbolos patrios. Nada ni nadie hará cambiar eso, y todos por igual repudiamos que se mancille a nuestra bandera, misma que han defendido hombres y mujeres heroicas a lo largo de nuestra historia. También creo, que la inmensa mayoría de nosotros y nosotras, repudiamos la violencia, que no seríamos capaces de lastimar o herir intencionadamente a quienes piensan distinto. Eso amigos y amigas, es lo que tenemos que defender en estos días que quedan hasta el plebiscito. He sido participe y testigo en Magallanes, de una campaña limpia, llena de momentos de fraternidad, de amistad cívica, de alegría sana. Ese es el Chile que todos y todas queremos, con respeto, con autenticidad, con coraje.
Ernesto Sepúlveda Tornero