Al conservadurismo no le conviene la distribución del poder, utiliza las más variadas formas, desde el uso pacífico de la comunicación de masas hasta la guerra, con tal de evitar que la mayoría decida sobre su propio destino. Se oponen, en tanto, a cualquier pacto social que institucionalice una nueva relación de poder, que signifique la pérdida de privilegios desmedidos de una reducida minoría, en lo político, económico, cultural y social. Esta corriente política está presente en el espectro político, con mayor o menor fuerza, de allí que no sea extraño que en el bloque llamado “socialismo democrático” y la DC, existan representantes que se alinean, abierta o disimuladamente, con la derecha para jugársela a fondo con tal que siga rigiendo la constitución de la dictadura.
Estos conservadores de variado signo partidista abominan de las formas de democracia directa que se establecerán desde la vigencia de la Nueva Constitución. Son reacios a que los cambios a los aspectos centrales de la carta magna sean aprobados en un plebiscito si no se reúne más de los 2/3 en el parlamento, cambios que pueden ser propuestos desde la propia ciudadanía, es decir pretenden excluir a quienes afectan en su vida cotidiana las normas constitucionales. Son refractarios a que el pueblo tenga iniciativa de ley, para proponer o derogar, a que ostente la potestad de la revocación del mandato de quienes eligió y no cumplieron con su promesa o deber.
Su anti-reformismo los hace renuentes a aceptar una distribución territorial que equipare a las regiones en una Cámara con atribuciones que inciden en materias que son vitales para las regiones y sus territorios y que además contrapesa el poder del ejecutivo. También a que se opongan a una auténtica independencia del poder judicial, eliminando la injerencia partidista y sectaria en la composición de los tribunales de justicia, que les puede valer un trato preferente y privilegiado en fallos emitidos por personas que requieren su anuencia para progresar en la carrera judicial. Les incomoda que, estando los derechos sociales garantidos por un pacto social, termine su capacidad negociadora con quienes mercantilizan su acceso y lucran de la necesidad que los origina.
Los resabios colonialistas del conservadurismo no le permite aceptar que el reconocimiento de los pueblos subyugados, pre existentes a la formación de la república y avasallados por ésta, requiere dotarlos de derechos colectivos, de autonomía e incluir su representación de modo preferente en órganos del estado colectivos de representación popular, nacional, regional y comunal, que estos derechos consideren su libertad para practicar su cultura en todos los ámbitos de su vida como pueblos, integrados a los derechos y normas que regulan el de todos los que habitamos el territorio del país.
Encontramos entre los conservadores a mujeres y hombres que se oponen a la paridad de género en los órganos del estado, que se la jugaron que este principio, de avance civilizatorio, comenzara a regir al terminar su mandato, sobreponiendo su privilegio personal a lo que postulan sus propias formaciones políticas, que enrabiados por el acortamiento de su mandato promueven fórmulas que desconocen lo valioso del proceso constituyente, que se reflejó en la diversidad, la autonomía, la eficacia, la capacidad de diálogo y entendimiento con la que representantes directos de las comunidades regionales y de los pueblos originarios elaboraron y aprobaron un texto constitucional superando el quorum de los 2/3 de quienes compusieron la Convención Constitucional. Así como es lógico que el conservadurismo no apruebe la Nueva Constitución, el progresismo en todas sus variantes y formaciones debe aprobarla sin reservas, marcando su voluntad por el APRUEBO, en donde quiera, pero ineludiblemente en su voto este próximo 4 de septiembre.