El pasado marzo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric llegó a la Moneda no sólo con un nivel de aprobación histórico, lo que políticamente siempre es bueno, sino que también con una expectativa ciudadana pocas veces vista. Su llegada simboliza un proceso de transformación el cual, como era esperarse, tiene el imperativo categórico de estar a la altura de las nuevas demandas y del nuevo Chile. Y en un escenario como éste, la problemática medio ambiental no podía estar ausente. Por ello, una de las primeras gestiones llevadas a cabo por este Gobierno fue la firma del Tratado Internacional de Escazú, siendo Chile uno de sus promotores originales.
Pero, ¿en qué consiste dicho tratado?. En términos generales este documento le garantiza al mundo medioambiental tres cosas. Primero, el acceso a la información medioambiental, lo que quiere decir que cualquier ciudadano puede solicitar a la autoridad, la información sobre futuros proyectos que podrían afectar al medioambiente, en otras palabras, sacar a la luz lo que muchas veces se hizo entre cuatro paredes. En segundo lugar, la participación ciudadana, esto se traduce en el hecho de que la toma de decisiones sobre la puesta en marcha de proyectos que impliquen un impacto medioambiental, tiene que necesariamente pasar por la aprobación de la ciudadanía. Y finalmente, en tercer lugar, el acceso a la Justicia, esto facilita los procesos de investigación sobre actos delictuales que afecten la vida o integridad de quienes cuidan el medio ambiente, lo cual no es menor si consideramos que vivimos en un continente donde, según la ONG Wobal Witness, sólo en el año 2020, más de 160 medioambientalistas perdieron la vida por la defensa de una causa.
Pero Escazú es mucho más que eso, si consideramos que los valores que promueve se relacionan directamente con la participación, la verdad y la justicia, Escazú es una herramienta que fortalece de forma comprometida la democracia.
Ahora bien, también resulta natural comprender que una política de esta magnitud y trascendencia, genere dudas y detractores, entre quienes estimen que una mayor preocupación por el medio ambiente podría significar un freno al crecimiento económico del país. Por ello, el concepto de Transición Socio-Ecológica Justa, con el que quiere trabajar el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Esta transición significa pasar desde el punto actual, donde somos vulnerables al cambio climático, hacia un punto de llegada en donde aspiramos a ser una sociedad sustentable y equitativa. Este camino lo iremos desarrollando en conjunto, desde los territorios, con una alta participación de la ciudadanía. No es una imposición, sino que una construcción conjunta sobre cómo podemos alcanzar el camino trazado.
Con la reciente entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático, tendremos una gran posibilidad de avanzar en la Transición Socio-Ecológica Justa con una mirada local, desde los territorios, donde se construyan las acciones y medidas necesarias para mitigar y adaptarnos al cambio climático, proceso que impulsarán cambios en las formas que producimos y consumimos, siendo una oportunidad de bienestar para los habitantes de las regiones, especialmente a los más vulnerables.
La nueva Ley incorpora una Estrategia Financiera de Cambio Climático que permita impulsar y promover el diseño y desarrollo de instrumentos y soluciones financieras, que le permitan a los sectores productivos, industriales y de servicios de la economía chilena, junto a la ciudadanía en su conjunto, capturar las oportunidades de inversión derivadas de una transición competitiva y sustentable.
Sabemos que será un desafío compatibilizar cuidado de medio ambiente y desarrollo económico, pero la ciudadanía debe saber que si queremos convertirnos en un país desarrollado, debemos dejar de ser una alternativa para que las empresas internacionales dejen de invertir en nuestro país con proyectos alejados de una legislación ambiental que cuida de sus recursos naturales.
Arturo Díaz Valderrama, Seremi de Gobierno