El diputado y senador electo, Karim Bianchi Retamales, recordó que el 28 de abril del 2020, solicitó formalmente por intermedio de la presidencia de la Cámara de Diputados, una investigación respecto a que personas se les está entregando los beneficios estatales denominado “BONO COVID 19”, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, luego de recibir diversos antecedentes que el Estado lo estaba entregando a personas que no le correspondería el beneficio, como es el caso de Chilenos fuera de nuestro país hace más de dos décadas.
Con estos antecedentes se pidió una amplia investigación al contralor Jorge Bermúdez Soto, ya que la información puesta en conocimiento del senador electo, Karim Bianchi, reviste el carácter de suma gravedad, ya que a la fecha se han conocido una serie de casos que presentarían la misma irregularidad, que hubiesen podido significar un pago ilegal de lo que regula las leyes Nº 21.230 y Nº 21.243, que otorgaron un ingreso familiar de emergencia a las familias más vulnerables del país.
La Contraloría recibió en julio la petición de Bianchi, iniciando la indagación que detectó el desembolso de millonarios recursos por concepto del Bono Covid 19, a personas que no cumplían los requisitos para el beneficio, entre ellos figuran 361 fallecidos y 43 concejales. Se estima que hubo entrega irregular por cerca de 5 mil millones de pesos.
Así lo estableció una auditoría de 100 páginas emanado recientemente desde el ente fiscalizador; Estas nóminas estaban a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDSF), cartera que a la fecha del anuncio era presidida por Sebastián Sichel, y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). El Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto, era el encargado de concretar los pagos.
El diputado y senador electo, Karim Bianchi, al conocer el resultado de la investigación solicitada hace 20 meses, expreso que “Hay que buscar la forma de recuperar estos dineros y entregarlo a quienes realmente lo necesitaban”. No debe haber espacio para el aprovechamiento y mucho menos por parte de autoridades elegidas por el pueblo que caen en delitos de probidad administrativa”.
Bianchi expreso que “Estos antecedentes deben ser conocidos por la fiscalía y sancionar el mal uso de estos fondos, especialmente por parte de autoridades”.
El parlamentario agradeció a Contraloría por acoger su solicitud de investigación y los insto a continuar indagando ahora el uso de los fondos entregados para afrontar la emergencia del coronavirus, donde hubo una gran cantidad de contrataciones directas con recursos de todos los chilenos. Incluso hay una presentación pendiente sobre la manera que uso estos dineros y que hasta esta fecha aún no hay respuesta.