Hoy como concejales de Punta Arenas, queremos dar a conocer a la comunidad que acudiremos a la Contraloría de la república y al Ministerio Público, para que se pronuncien sobre lo que a nuestro juicio es una Falta al deber de Probidad y eventual comisión de un delito de negociación incompatible cometido por el Alcalde Radonich, esto debido a su participación y votación favorable de arrendar el edificio de la I. Municipalidad a la empresa La Polar, empresa de la cual el alcalde, es ACCIONISTA.
Lo anterior luego de que en su declaración de intereses presentada una vez que asumió la alcaldía, fechada el 15 de agosto de este año, declaró tener acciones en la Sociedad NUEVA LA POLAR, empresa dueña de la empresa La Polar.
Esto, de acuerdo a la ley 20.880 que regula la PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES, en sus artículos 1 y 4 establecen que el Alcalde debe mantener una conducta acorde con la función pública lo que supone, entre otras cosas, que al existir un conflicto de intereses (como lo sería en este caso) el debió ABSTENERSE de manifestar preferencia alguna hacia la votación del concejo comunal y, por cierto, debió inhabilitarse de la votación.
Lo anterior, además, guarda relación con lo previsto en el artículo 240 del Código Penal que sanciona el delito de negociación incompatible al señalar, en su número 1, que “El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo” pudiendo ser sancionado con penas de hasta 5 años y una multa de hasta la mitad del monto que se hubiere obtenido de dicha negociación.
Por lo anterior, es que solicitaremos ante la Contraloría General de la República, que se pronuncie sobre si el alcalde debía o no abstenerse de participar de la votación en razón de su cargo de empleado público y el interés que le reporta el negocio de empresa la polar en un edificio municipal.
Igualmente, y junto a nuestros asesores jurídicos estamos finiquitando los detalles para interponer ante el Ministerio Público una denuncia por su eventual participación en el delito de negociación incompatible de acuerdo a los antecedentes expuestos.
En consecuencia, a partir de lo señalado, el alcalde de Punta Arenas se habría arrendado el edificio municipal para si mismo, es decir, el mismo el edil, tiene y mantiene intereses en la empresa, ocultando dicha información al concejo, votando además a favor del arrendamiento.
A nuestro juicio, la falta de probidad que denunciamos es de suma gravedad, y como concejo municipal, no podemos hacernos cómplices de ella.