Durante los últimos meses, hemos observado cómo un importante flujo de migrantes de nacionalidad venezolana ha comenzado a instalarse en los espacios públicos de distintas zonas del norte del país, constituyendo un caso emblemático el asentamiento ubicado en la denominada “Plaza Brasil”, en la zona centro de Iquique. Según la información disponible, buena parte de este segmento de la población venezolana se ha visto forzada a migrar como consecuencia de la crisis económica y política que atraviesa su país.
La respuesta del Estado chileno frente a esta crisis humanitaria, lejos de orientarse por diversas recomendaciones de la comunidad internacional, se ha caracterizado por insistir en la aplicación de una política migratoria restrictiva, que tanto cierra las posibilidades de regularización como desestima la posibilidad de refugio. Este modo de operar no sólo se ha visto materializado a través del abandono a su suerte de la población migrante venezolana más vulnerable, sino también a través de diversas formas de violencia institucional, como la realización sistemática de expulsiones colectivas y el desconocimiento del derecho de reunificación de niños, niñas y adolescentes.
La plaza Brasil es una manifestación más de la violencia que ha ejercido el Estado respecto de la población migrante venezolana, constituyendo los hechos acaecidos el día de hoy una de sus expresiones más evidentes y preocupantes. El desalojo de este espacio, que albergaba cerca de 200 personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, lejos de contribuir al diseño de una solución humanitaria, que considere la reubicación de las familias en un espacio seguro con garantías de no expulsión y de regularización, promueve una imagen criminalizada de aquel segmento de la población y, con ello, el despliegue de prácticas y narrativas xenófobas y racistas, que se han agitado a través de una acción comunicacional irresponsable, sobre todo cuando proviene de autoridades públicas.
Según la Observación General No 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, “La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la cuestión de los desalojos forzosos es grave”. Esta Observación General agrega que, “Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza” y señala, “El Comité considera que entre las garantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”. Por último, se debe tener presente que, “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.
Como Red de Universidad por la Migración, condenamos los hechos ocurridos en la ciudad de Iquique e instamos a las autoridades locales y nacionales a implementar de manera urgente los mecanismos que sean adecuados para proteger la dignidad, la seguridad y la libertad de las personas migrantes y sus familias. Combatamos, ahora más que nunca, los racismos, la xenofobia y la discriminación hacia cualquier comunidad humana.