El contexto de cambio en que nos encontramos en Chile, es guardando las obvias proporciones, similar al que se vivió en el inicio de la transición a la democracia. En la forma en que se estructuró la transición, vemos hoy, muchos de los aspectos sustantivos que se deben cambiar. Por otra parte, es útil revisar como jugaron los distintos actores sociales y políticos, en esos lejanos años 90’. Una primera confrontación de ideas, se da en cuanto al alcance de los cambios en el plano del trabajo y de las relaciones laborales. Se distinguen en este plano tres posturas claras: Los trabajadores representados por la CUT, ANEF y los partidos de izquierda, que estaban por restablecer las normas derogadas por la dictadura. Se trataría de restaurar el conjunto de derechos laborales existentes hasta 1973. Por otra parte, los empresarios a través de la CPC, y los partidos de derecha, estaban por conservar la totalidad de la normativa laboral vigente. En ese plano, el gobierno de Aylwin, habría sostenido una tercera postura de “innovación”. “Se buscaba Innovar, porque tanto los cambios a la institucionalidad vigente, como la conservación de algunos de sus componentes deberían articularse. Conforme a un mismo principio, distinto y nuevo. No había lugar para la restauración de una institucionalidad con valor histórico, pero ajena a las realidades contemporáneas, ni para el continuismo que carecía de legitimidad y expresaba una concepción autoritaria de las relaciones sociales.” (CAMPERO, 2007)
En aquel entonces, el primer gobierno de la Concertación de partidos por la democracia, articuló un procedimiento para generar los consensos necesarios, para implementar los cambios legislativos en el plano laboral. Sector que era fundamental para generar la estabilidad social, que la nueva administración requería. De algún modo, el disenso que pudieran tener los trabajadores, representados por ese entonces por el Pdte. De la CUT Manuel Bustos, fue morigerado, apelando a la responsabilidad de los trabajadores, con el sistema democrático. El Ministro Cortázar, estuvo a cargo de esas primeras mesas de dialogo tripartitas. Por el empresariado concurría Manuel Feliú, presidente de la CPC. De estos encuentros nacieron, los acuerdos sobre reajuste al ingreso mínimo, y también el mecanismo que siguió aplicándose durante los gobiernos siguientes. Las primeras leyes laborales, fueron originadas a través de un complejo sistema de diálogos y consensos, en el que intervinieron, por una parte, los actores sindicales y empresariales, y por otra el gobierno, y sus partidos representados en el congreso.
Resulta muy significativo, verificar que la base sobre la que se construyó ese consenso primigenio, nacía de la confianza y del prestigio de las instituciones. Tanto la Central Unitaria de Trabajadores, como los partidos integrantes de la alianza de gobierno, representados en el congreso nacional, eran vistos por la ciudadanía como representantes legítimos, por cuanto habían protagonizado la lucha contra la dictadura. El congreso nacional, gozaba de un prestigio, desconocido por estos días. El procedimiento de producción legislativa, que se iniciaba con toda clase de encuentros y reuniones previas, de los directamente concernidos en dichas leyes. Y los encuentros preparatorios con parlamentarios de gobierno y de oposición, fueron la base del dialogo y los consensos, propios de los años 90’. Esto nos lleva a preguntarnos, si la participación ciudadana, introducida como requisito de tramitación de todo proyecto de inversión pública, no viene siendo una versión mejorada de aquellos. En efecto, hoy si bien, existe la CUT y la CPC, difícilmente un acuerdo suscrito sólo por sus representantes, va a ser suficiente para garantizar estabilidad social. Por otra parte, el nivel actual de desprestigio del parlamento, constituye una limitante para retomar, un procedimiento previo de elaboración de las leyes, como el mencionado anteriormente.
Dentro de las reformas sustantivas en el plano laboral y de seguridad social, se planteó una agenda reducida: Nueva ley de contrato individual de trabajo; Ley de organizaciones sindicales; Ley sobre negociación colectiva; Ley sobre asociaciones de funcionarios públicos. Por cierto, normas muy necesarias, que procuraron revertir los efectos del plan laboral de la dictadura. Pero subsistieron las dificultades para organizarse, por la ausencia de la debida protección. Y el procedimiento de negociación colectiva, excesivamente rígido, y abundante en plazos y formalismos, tampoco produjo un aumento considerable en este ámbito.
Lo que resulta más singular, es que producto de este delicado sistema de pesos y contrapesos, que da lugar a los primeros acuerdos encabezados por el gobierno de Aylwin, no se cuestiona en lo más mínimo el sistema de AFP. Por el contrario, el tema de preocupación son las antiguas cajas y su financiamiento, debido a que aún persiste en 1990, un número importante de trabajadores afiliados. Sobre las AFP, se expresan dudas acerca de los resultados efectivos que producirán, en razón de que ha transcurrido sólo 10 años desde su creación. Pero los cambios propuestos van por aumentar la competencia en el sector, bajar las comisiones, y ampliar los ámbitos donde pueden invertir. También se reconoce, ya en ese entonces, el peso que tienen los fondos previsionales en el mercado de capitales chileno.
Aun así, las leyes impulsadas por el primer gobierno de la concertación son aprobadas en el congreso. Y la administración se complace en el procedimiento empleado, para dar curso a los disensos, el cual funciona durante esos primeros 4 años, con pocas críticas. El movimiento social, aún aparece representado por las organizaciones formales de los trabajadores, las cuales se pliegan al apoyo al gobierno. Y si bien, subsiste un núcleo de izquierda más radical, en oposición al gobierno, dado su escaso respaldo electoral, carece de representación en cargos de elección popular. En ese Chile, hay senadores designados por la derecha, el dictador es comandante en jefe del ejército, sigue el sistema binominal.
Ernesto Sepúlveda Tornero
Referencias
CAMPERO, G. (2007). LA ECONOMIA POLITICA DE LAS RELACIONES LABORALES 1990-2006.
CIEPLAN-SERIE ESTUDIOS SOCIO/ECONOMICOS N°37, 1-47.