Como Directorio Provincial Magallanes hemos tomado conocimiento, a través de reunión presencial -con medidas de resguardo sanitario- de la situación laboral que afecta a tres trabajadoras del Conservatorio Regional de Música, dependiente de la Universidad de Magallanes.
Señalar en primer término, que la comunidad magallánica es conocedora del valioso y destacado desempeño, de las docentes Paula Zamorano, Ariela Caripán y Karina Contreras; quienes además son intérpretes reconocidas en sus disciplinas respectivas; y que en ese contexto han promovido el desarrollo artístico de niños/as/es y personas en las distintas etapas de sus vidas, que han encontrado en ellas, una guía y acompañamiento a sus procesos creativos, basados en el respeto, la tolerancia y el compromiso docente.
Como CUT provincial relevamos que las personas que desarrollan, promueven o ejecutan actividades artísticas y creativas, tanto en espacios públicos como privados, son personas sujetos de derechos laborales, que merecen observancia y respeto de dichos derechos; suele disociarse de artistas y creadoras/es, esta dimensión de reconocimiento de su condición de trabajadores y trabajadoras.
Deseamos expresar a Ariela Caripán, Karina Contreras y Paula Zamorano, nuestra solidaridad frente a la injusta decisión de sus despidos; rechazamos la decisión adoptada por el Director del Conservatorio de Música, entendemos avalada por la Universidad de Magallanes, de quien depende dicha entidad.
La Universidad de Magallanes, está llamada a ser un referente para la comunidad magallánica, en su calidad de formadora de técnicos y profesionales, inspirados en principios básicos de tolerancia y respeto a los derechos humanos y laborales de quienes se desempeñan en dicha institución.
En consecuencia, llamamos a la autoridad académica de la UMAG a enmendar el daño causado y restablecer los derechos laborales conculcados con estos despidos injustificados. Mientras aquello no suceda, llamamos también al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a abstenerse de adjudicar fondos regionales, a iniciativas en las que se encuentre postulando dicha casa de estudios.
El Estado no debiera sostener acuerdos de ninguna naturaleza, mucho menos de financiación, con entidades públicas o privadas, que no respeten los derechos laborales de los/as trabajadores/as.