Hasta el miércoles 30 de junio se mantendrá activo el segundo proceso que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó para solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, con la finalidad que ninguna familia quede por debajo de la línea de la pobreza.
El IFE Universal llegará a la totalidad del Registro Social de Hogares (RSH) con el único requisito que quienes estén entre el 91% y el 100%, según la calificación socioeconómica, deberán entregar una declaración de ingresos que acredite no sobrepasar el umbral definido de $800.000 líquido por integrante.
La Seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y de la Antártica Chilena, Liz Casanueva, explicó que “durante este mes hemos estado junto a las gobernaciones provinciales y a diversos servicios públicos organizando operativos en terreno y de forma virtual para que la ciudadanía tramite el Registro Social de Hogares, instrumento de medición necesario para solicitar el IFE Universal, debido a que este ha sido el beneficio con mayor alcance que ha entregado nuestro Gobierno en pandemia”.
Con respecto a la cantidad de beneficiarios en la región, la autoridad señaló que “en el primer proceso de inscripción de junio (entre el 5 y el 15 de este mes) 47.299 hogares fueron considerados para recibir el IFE de manera automática, sumándose un total de 12.499 nuevas solicitudes. Ambos procesos comenzarán a pagarse a partir del 29 de junio. Respecto a este segundo periodo, que finaliza el 30 de junio, esperamos llegar a 5.643 nuevos hogares, y como el tiempo apremia el llamado es a realizar este trámite en https://www.ingresodeemergencia.cl/”.
Este bono social se entregará durante junio, julio y agosto y el monto entregado dependerá del número de integrantes del núcleo familiar, partiendo por $177 mil para hogares unipersonales, $400 mil para un hogar de 3 personas, $500 mil para 4 integrantes y $887 mil para uno de 10 o más personas.
En septiembre, los beneficiarios recibirán el 50% del monto, mientras que los meses siguientes del presente año, el Ejecutivo podrá extender los beneficios según lo amerite la situación sanitaria.
El costo fiscal estimado es cercano a los de US$3.000 millones por mes, totalizando un costo de US$10.342 millones entre junio y septiembre.