El día domingo recién pasado la comunidad magallánica despertó impactada al conocer la noticia de que en horas de la madrugada una técnico paramédico había sido violada mientras cumplía con sus funciones laborales en una residencia sanitaria destinada a proporcionar albergue transitorio a pacientes COVID positivos, la indignación creció con el pasar de las horas cuando trascendió que los culpables eran dos hombres de nacionalidad indonesia que habían sido desembarcados para realizar su cuarentena en dicho recinto.
Durante el día, una vez conocida la noticia, el Intendente regional y el ministro de salud fueron enfáticos en señalar que se implementarían todos los recursos judiciales a su alcance para que sobre los agresores cayera todo el peso de la ley.
Al respecto el concejal Díaz
manifestó “ Durante estos días he tenido la oportunidad de conversar muchas
personas que trabajan en las residencias sanitarias, en condiciones de
precariedad laboral, con contratos temporales o a honorarios y son enfáticas en
señalar que hace meses llevaban pidiendo la implementación de medidas de
seguridad en el entendido de que en la mayoría de las residencias quedaba en
las noches solamente una persona a cargo de todos los pacientes y ya habían
vivido situaciones de riesgo teniendo que acudir carabineros en más de una
oportunidad”.
En relación a las eventuales responsabilidades expresó “Aquí es inentendible que las autoridades pertinentes, estando al tanto de las condiciones de inseguridad existentes, no hayan tomado las medidas de protección para el personal que trabaja en las residencias teniendo que llegar a esta situación extrema para que se dignaran a tomar medidas. El hecho de que en pocas horas se haya podido doblar la cantidad de personal de turno, redistribuir pacientes y poner personal de las FFAA para resguardar a los y las trabajadoras solo demuestra que se estas acciones se podrían tomados con anterioridad, cuando fueron solicitadas y no después de los atroces hechos conocidos.
“Hemos escuchado al Intendente y al ministro de salud decir que solicitaran que se aplique el máximo rigor de la ley a los violadores, pero como autoridades no ha existido un mea culpa referente a lo sucedido. Este hecho, independientemente de lo que pase con la vía judicial, debe ser investigado al interior de los organismos de salud correspondientes para que las personas que con su actuar negligente propiciaron lo sucedido sean sancionadas y este tipo de hechos nunca más se vuelvan a repetir” finalizó diciendo.