Pocas veces un proyecto de ley ha causado más batahola que la iniciativa de reforma constitucional que permitiría que la gente pueda retirar hasta el 10 por ciento de sus fondos de pensiones.
Tratándose de una iniciativa que le va a quitar plata a las AFP, y por lo tanto le va disminuir los intereses que ganan con esta plata, es natural que haya una pelea entre empresarios y gente común, y que exista una tremenda campaña en los diarios El Mercurio y La Tercera con entrevistas a empresarios que explican porque no hay que tocar los fondos, propiedad de los cotizantes, pero muy agarrados por las AFP.
Lo que no es natural es que la pelea ya no sea entre izquierda y derecha, como estamos acostumbrados a ver en política, sino que en los dos sectores haya gente a favor y en contra, con partidarios del gobierno contra el gobierno que, con dientes y uñas, no quiere que nadie toque esas platas.
El ministro de Hacienda, que dice estar defendiendo las plantas del fisco, ha dado una serie de números para defender la posición del gobierno de impedir el retiro del 10 por ciento, hasta ha hecho unos cálculos muy de economista pata asegurar que el 10 es en realidad un 40.
Pero lo más llamativo de las explicaciones del ministro es su cálculo de lo que le va a costar al erario nacional el proyecto, si se aprueba. Y dijo que el retiro significará un costo de 3.500 millones de dólares en subsidios a la pensión solidaria. Y otro costo de 700 millones de dólares si se aprueba que se pueda retirar la plata sin pagar impuestos, lo que da un total de poco más de 4 mil millones de dólares.
La gente de buena memoria recuerda que el año 1983 hubo otras crisis en Chile, esta vez económica, con bancos y financieras en quiebra. Para evitar la catástrofe, la dictadura militar intervino los bancos y les entregó 2.600 millones de dólares en préstamos de emergencia para comprar portafolios irrecuperables y otros 2.500 millones de dólares para reprogramar las deudas de los privados, en total 5.100 millones de la época y a más de 40 años de plazo, tanto que el Banco de Chile recién pagó su deuda el año pasado y se jactó de haberla pagado con años de anticipación.
Esta deuda, que se llamó subordinada, era mucho mayor que el gasto de que habla el ministro para pensiones solidarias, que no existirían si hubiera sido verdad que el sistema de AFP iba a permitir que la gente jubilara con la misma renta que tenía cuando trabajaba.