El Partido Comunista de Magallanes expresa su enérgica repulsa y denuncia públicamente el accionar de Carabineros de Chile en el violento desalojo de una familia de migrantes, que habitaba una vivienda en la toma ubicada en la periferia del sector norponiente de Punta Arenas. La arbitraria actuación de funcionarios policiales expuso además la integridad física y emocional de dos menores, hijos de la familia afectada, en medio de la crisis sanitaria que nos afecta.
Este procedimiento no sólo es cuestionable por la forma en que se realizó, sino que además por el dudoso mandato legal que lo sustentó. Carabineros de Chile nos demuestra una vez más que no sólo es presa del descontrol y falta de profesionalismo, al momento de enfrentarse a requerimientos mínimos, cuando debe cumplir con los derechos humanos fundamentales de los habitantes de nuestro territorio, sean éstos extranjeros o connacionales.
Hace casi cuatro años, justamente en Punta Arenas, estalló en Carabineros el mayor caso de corrupción y malversación de caudales públicos, el denominado «pacogate», que ha afectado al Estado de Chile y, con ello a todos los chilenos. Y hace pocos meses, a propósito de las masivas manifestaciones que desplegaron miles de magallánicos a partir del 18 de octubre, presenciamos sistemática y repetidamente la violencia perpetrada por la misma institución policial en contra del pueblo cansado frente a décadas de abusos.
Por definición Carabineros de Chile es una institución jerarquizada, supeditada al poder político de la gestión de Gobierno. Por ello, a nivel local, acusamos
como principal responsable de la brutal e ilegítima intervención policial al Gobernador de la Provincia de Magallanes, Sr. Homero Villegas, deslucido testaferro del poder central, quien ostenta un deplorable historial represivo que incluye, en su oportunidad, el haber mandatado a las fuerzas policiales para reprimir sin miramientos a los pobladores y vecinos que se manifestaban camino al Andino.
Los magallánicos no olvidamos, y exigimos las responsabilidades administrativas y políticas frente estos hechos de violencia institucionalizada, que dejan en evidencia la mirada clasista, el racismo y el desprecio por la diginidad humana con el cual operan las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera y Carabineros de Chile.